La Defensora del Pueblo ha propuesto a las comunidades autónomas que pongan en marcha programas específicos para atender la alimentación infantil, después de observar que hay demoras en tramitación de la ayudas por el aumento de las solicitudes y por la falta de disponibilidad presupuestaria.
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha realizado esta petición tras recabar información de las autonomías sobre el número de menores que reciben una alimentación inadecuada y las intervenciones que están realizando para atender esa situación, ha informado la institución en un comunicado.
Becerril considera que los menores con problemas de nutrición precisan medidas rápidas para que esa situación no sea lesiva en su desarrollo físico e intelectual, «lo que es, a veces, incompatible con las demoras para la concesión de una renta mínima», que en algunos casos es de hasta 18 meses.
Tras analizar la respuesta recibida por la administraciones regionales, la Defensora concluye que las rentas de inserción no llegan a todos los que las necesitan en todas las comunidades autónomas.
Además, señala que esta renta y otras ayudas generalistas están concebidas como prestaciones genéricas de garantía para el conjunto de la unidad familiar y no aseguran que la alimentación de los menores constituya una prioridad.
La institución valora positivamente que en todas las comunidades existan instrumentos de carácter general para paliar situaciones de pobreza y exclusión social y les anima a seguir trabajando en esa dirección.
También insta a las autonomías a mejorar la colaboración entre centros educativos, centros de salud y servicios sociales «para atender la insuficiencia alimentaria que pueda afectar a menores».
Los informes recibidos de las CCAA se pondrán en conocimiento de la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo.
Castilla-La Mancha ha enviado un informe de la Dirección General de Familia, Menores y Promoción Social, que enumera los programas generales de asistencia a personas y familias en riesgo de exclusión en 2012.
Entre los programas que se han enumerado figuran el ingreso mínimo de solidaridad, del que se beneficiaron 1.692 familias castellanomanchegas o las 1.614 ayudas de emergencia social para atender las necesidades básicas concedidas el pasado año.