El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de su portavoz y consejera de Igualdad, Blanca Fernández, ha señalado hoy, tras conocerse la imputación (el término actual es investigación) por parte de la Audiencia Nacional de María Dolores de Cospedal, expresidenta de la comunidad autónoma; y a su marido, Ignacio López del Hierro, por el presunto espionaje a Luis Bárcenas, extesorero del PP nacional; que «mientras en Castilla-La Mancha se disparaba el paro y la pobreza, mientras despedía a maestros y sanitarios, la única preocupación de Cospedal era hacer desaparecer las pruebas de un delito».
Cospedal y su marido, investigados por el presunto espionaje a Bárcenas
Se refería a la etapa en la que Cospedal, entre 2011 y 2015, fue presidenta de Castilla-La Mancha, «y lo digo», ha recalcado la dirigente socialista, «en el mismo lugar físico (el Palacio de Fuensalida, en Toledo, sede del Gobierno regional) donde presuntamente se produjeron estos hechos».
Ha finalizado su rueda de prensa, en la que previamente había contado los acuerdos del Consejo de Gobierno, afirmando que «menos mal que en 2015 hubo cambio político en Castilla-La Mancha, porque si no la sede de la Presidencia de la Junta de Comunidades hubiera acabado como la sede de Génova, 13″.