Cuentan que, en el Reino Unido, si un ciudadano pregunta cuánto dinero se gasta la Casa Real en papel higiénico, por ejemplo, recibirá una detallada respuesta. Supongo que esta afirmación es algo exagerada, pero no es exagerado decir que los ingleses son considerados como un modelo a seguir a la hora de que la ciudadanía pueda conocer toda la información referida al uso que hacen la reina Isabel II y sus políticos del dinero público, así como los organismos o las empresas que reciben alguna subvención o ayuda oficial.
En España no solo no ocurre esto, sino que algunos órganos que deberían dar ejemplo de transparencia -sirva, como ejemplo, la Mesa del Congreso de los Diputados, que gobierna la casa de todos los españoles en la que reside la soberanía popular- ni siquiera tienen entre sus obligaciones la de informar a la opinión pública, si no directamente al menos a través de los medios de comunicación.
DEMASIADAS LIMITACIONES
Después de muchos años de espera, el Gobierno del PP ha querido por fin -en buena medida, obligado por la presión popular y las protestas del 15-M- acabar con la insólita situación de que España sea todavía el único país de la Unión Europea donde no está regulado por ley que el Ejecutivo deba ser transparente en todo y que esté obligado a informar al ciudadano que solicite cualquier dato sobre el uso que hace del dinero público. Para ello, en agosto pasado presentó en el Congreso un proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que el miércoles 31 de julio acaba de ser aprobado por PP, CiU y PNV para que pase al Pleno del Congreso y, ya en el otoño próximo, sea aprobado definitivamente por las Cortes. Mejor esto que nada, desde luego, pero se ha quedado corto.
Los políticos, pese a que muchos dicen lo contrario, no suelen pensar que el derecho que tiene la ciudadanía a recibir información veraz y plural es un derecho fundamental garantizado por la Constitución, uno de los Derechos Humanos porque, aunque no figure en ese capítulo dentro de la Carta Magna, los juristas lo consideran así. Quizá por eso el PP no ha hecho ni caso a las peticiones que le han planteado colectivos muy representativos del mundo periodístico para que fueran incluidas en ésta tan necesaria como tardía ley, y los nacionalistas de CiU y el PNV se han conformado con que el texto no toque sus legítimas competencias autonómicas para dar su voto a favor de un proyecto de ley que tiene muchas carencias y demasiadas limitaciones a la hora de que un ciudadano pida información.
UN DERECHO DEL CIUDADANO, NO DEL PERIODISTA
Esos políticos, a los que tanto se les llena la boca a la hora de defender la libertad de expresión, no se dan cuenta de que las organizaciones de profesionales de la información que les han enviado sugerencias para mejorar este proyecto de ley no les han pedido privilegios para los periodistas sino medidas para que el derecho de la ciudadanía a recibir información se cumpla de verdad y por completo.
Este proyecto de ley, hay que reconocerlo, ha mejorado respecto al que presentó el Gobierno en el Congreso hace un año: se aplicará a la Casa Real, así como a los partidos políticos, a los sindicatos y a organizaciones empresariales respecto a la parte de financiación que éstas reciben de dinero público, e incluso a las entidades privadas que perciban en un año ayudas públicas superiores a 100.000 euros o al 40 por 100 de sus ingresos totales, que en el proyecto inicial no estaban incluidos. Eso está bien, pero no es suficiente. Porque, al mismo tiempo, el texto incluye demasiadas limitaciones que puede alegar la Administración para no facilitar la información solicitada, con lo que el ciudadano se quedará sin poder conocer esos datos, los haya pedido él o un periodista.
El Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) -que agrupa a la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), varios colegios de periodistas, CCOO, UGT y otros colectivos profesionales- solicitó a los grupos parlamentarios que incluyeran en esta futura ley diversas mejoras en beneficio de ese derecho de la ciudadanía. ¿Su respuesta? Sólo algunos grupos parlamentarios minoritarios han hecho caso en parte a alguna de ellas, sin que hayan prosperado en las votaciones debido a la mayoría del PP. Lo mismo ha ocurrido con las peticiones que plantearon la Federación de Asociaciones de Periodistas (FAPE), la Coalición pro Acceso -que reúne a unas 70 organizaciones- y otros colectivos.
RECTIFICAR ES DE SABIOS
Hay que aclarar que el PSOE considera insuficiente este proyecto de ley, lo mismo que los demás grupos de la oposición unánimemente, y por eso iba a votar en contra aunque finalmente se abstuvo por un error a la hora de votar. Hay que añadir, además, que algunas modificaciones que han planteado varios grupos durante la tramitación del proyecto de ley en el Congreso han modificado la propuesta inicial. Pero hay que subrayar, también, que ha sido una oportunidad perdida para que sus señorías dotaran a España de una Ley de Transparencia avanzada, adecuada a una democracia moderna y similar a las que existen en los países de nuestro entorno.
Si quieren, todavía están a tiempo de rectificar y mejorar el texto con enmiendas en el Senado, cuando sea debatido a partir de septiembre. Pero para eso deben convencerse antes de que los periodistas no les han pedido privilegios para ellos sino para los ciudadanos. Rectificar es de sabios pero, lamentablemente, a juzgar por lo que se ha visto y por el repelus que el Gobierno tiene a que se conozcan con la máxima claridad todos los datos de todos los asuntos -salvo los que afecten a la seguridad del Estado y algunos más, que deberían ser pocas excepciones y no tantas como prevé el proyecto de ley-, hay que temer lo peor: que no cambien nada para bien sino, en todo caso, que algo empeore a su paso por la Cámara Alta. No sería la primera vez, desgraciadamente para la ciudadanía.
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
Nadie pone en duda que el futuro hospital de Toledo que puso en marcha el Gobierno socialista de José María Barreda, cuyas obras tuvo que paralizar por falta de dinero, era una obra faraónica y un disparate: costosos azulejos portugueses como si en España no los hubiera tan buenos o mejores, aseos revestidos de mármol… Todo tan disparatado como el nuevo y costoso puente sobre el río Tajo que no va a ninguna parte en Talavera de la Reina, el segundo más alto de tirantas de Europa en el que hay que esperar para ver algún coche que lo cruce.
Pero, ¿a qué viene la excursión que ha organizado ahora el Gobierno de María Dolores de Cospedal, incluso invitando a periodistas de Madrid, para mostrar ese frustrado despilfarro después de llevar más de tres años criticándolo, y con razón? ¿Esto era necesario o bastaba con que hubiera explicado que las obras se van a reanudar y que el futuro hospital será más modesto y no una obra faraónica como pretendía Barreda?