La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha discutido sobre el área de la Vega Baja y la Peraleda en la ciudad de Toledo en el que la Comisión Europea ha respaldado la actuación del Ayuntamiento de Toledo.
En el debate, en el que han participado varios eurodiputados españoles, se ha hecho, además, hincapié en que se han respetado en todo momento la legislación europea vigente en materia medioambiental y patrimonial.
«Ningún indicio de infracción»
El debate celebrado nace tras la petición presentada por parte de Antonio Zárate en nombre de la plataforma ciudadana Toledo: Sociedad, Patrimonio y Cultura y en la que se denunciaba una situación de “abandono” e incumplimiento de diferentes directivas por parte de las autoridades locales.
Sin embargo, la Comisión Europea, tras examinar y estudiar esta situación en la capital manchega, ha determinado que “no observa ningún indicio de infracción de las normativas u obligaciones en materia de impacto ambiental por parte de las autoridades competentes”.
En este sentido, durante su intervención el representante del Ejecutivo europeo ha insistido en varias ocasiones en que la Comisión Europea no ve ninguna vulneración de legislación europea en la Vega Baja.
La Vega Baja, Bien de Interés Cultural
La eurodiputada socialista Cristina Maestre ha tomado la palabra durante el debate y ha recordado que la situación descrita por el peticionario tiene su origen en las decisiones en el año 1999 por el entonces alcalde de Toledo, Agustín Conde, del Partido Popular.
Fue ese año, tal y como ha descrito Maestre, cuando se llegó a un acuerdo con el Ministerio de Defensa (también gobernado por los populares) para ceder la antigua fábrica de armas a la UCLM a cambio de la cesión de unos terrenos que requerían de una recalificación urbanística para la construcción de más de 1.300 viviendas.
Según ha explicado Cristina Maestre, en el año 2007 el gobierno de Castilla-La Mancha declaró zona arqueológica y Bien de Interés Cultural (BIC) toda la zona de la Vega Baja, impidiendo así la construcción de viviendas acordada y protegiendo con ello todo el entorno.
En este sentido, la socialista ha subrayado que “todo lo que se ha hecho desde entonces hasta la actualidad en la ciudad ha sido trabajar a todos los niveles para proteger el patrimonio de la ciudad”.
Actuaciones en los próximos años
Asimismo, ha resaltado que todos los acuerdos sobre las actuaciones municipales en la Vega Baja han sido aprobados “por unanimidad” por todos los grupos políticos y han contado, además, con el apoyo de la sociedad civil de Toledo.
Por último, la eurodiputada socialista ha puesto en valor el convenio que se está ultimando entre el Ayuntamiento de Toledo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Cultura para “promover la protección cultural, patrimonial y paisajística”.
Maestre ha detallado que este compromiso por parte de todas las administraciones implicadas en la zona de la Vega Baja supone un “compromiso” que permitirá garantizar el patrimonio de la ciudad de Toledo.
A modo de ejemplo, ha citado algunas actuaciones preferentes incluidas en el texto y que se implementarán en los próximos años: creación de un museo de la Vega Baja; interés cultural y recopilación de todas las zonas excavadas; completar las prospecciones geofísicas; recuperar las áreas excavadas con la limpieza y reestructuración de las zonas arqueológicas, entre otras.
En esta línea, el eurodiputado socialista Ibán García del Blanco ha expresado que este convenio supone un acuerdo “único” en España que supone la sustitución de un proyecto únicamente urbanístico por un proyecto museístico y de protección patrimonial. “Estamos ante un hito”, ha concluido García del Blanco.
El PP mantendrá la petición abierta
A pesar del discurso de la Comisión Europea, la eurodiputada del Partido Popular Dolors Monserrat, presidenta de la comisión de Peticiones, ha decidido desoír el criterio expresado por el Ejecutivo de la Unión y mantendrá la petición abierta.
Esta polémica decisión ha suscitado la queja de García del Blanco y de Maestre, presentes en la reunión. Ambos han afeado a la presidenta que haga un uso sectario y partidista de la comisión de Peticiones y que desoiga sistemáticamente las evaluaciones realizadas por la Comisión Europea cuando estas no se ajustan a los intereses de su partido en España.
Cristina Maestre ha pedido a la presidenta que no desatienda su rol como presidenta de la comisión de Peticiones por una estrategia política de su partido, “lo que no se puede hacer es despreciar el criterio de la Comisión Europea e incluso abroncar a sus representantes cuando su examen no coincide con los intereses de su partido”.