La empresa guadalajareña Azulejos y Pavimentos Brihuega ha planteado un ERE para despedir a 20 de sus 74 trabajadores y ha contratado un abogado para «defender» a los trabajadores que pretende despedir, ha denunciado CCOO en nota de prensa.
«La empresa, que incurriendo en irregularidades de todo tipo y flagrantes atentados a los derechos laborales y a la libertad sindical, ha tratado, mediante la contratación de este abogado de impedir que sean los sindicatos más representativos los que asuman la defensa de los intereses de los afectados por el ERE», informa CCOO.
CCOO y varios de los trabajadores han presentado denuncia ante la Inspección de Trabajo, en la que se detallan las irregularidades e ilegalidades y reclaman la anulación de todo lo tramitado hasta ahora.
Azulejos y Pavimentos Brihuega entró en concurso de acreedores a primeros del pasado mes de abril -«debido a las discrepancias entre los dos socios propietarios, más que a problemas de viabilidad», aclara el sindicato en un comunicado de prensa-, aunque los empresarios no informaron de este hecho a los trabajadores hasta el mes de julio, cuando la empresa anunció su intención de despedir a 20 personas.
En Azulejos y Pavimentos Brihuega «no hay representación legal de los trabajadores. Jamás se han podido celebrar elecciones sindicales. De hecho, a la firma de su contrato laboral, todos los trabajadores que se incorporan a la empresa han de firmar también la renuncia a la representación sindical, lo que es ilegal y anticonstitucional y vulnera los derechos de los trabajadores».
Pero para tramitar el ERE, «la empresa sí se vio obligada a abrir un periodo de consulta y negociación con los representantes de los trabajadores; para lo que previamente debían ser elegidos por sus compañeros».
Según se explica en la denuncia ante la Inspección de Trabajo, el gerente y socio Rafael Mérida Mota forzó a presentar sus candidaturas a determinados trabajadores, mientras impidió al resto de los trabajadores a presentarse. Las votaciones se realizaron en su presencia y bajo su control, de forma que los trabajadores se sintieron coaccionados.
Esta actuación de Mérida Mota resulta aún «más impresentable» en tanto que, al estar Azulejos y Pavimentos Brihuega en concurso de acreedores, tanto «él como su socio están inhabilitados judicialmente para administrar la empresa, tarea que está en manos de un administrador concursal».
Sin embargo, «fue Mérida Mota quien asistió y dirigió tanto las votaciones en las elecciones sindicales como todas las reuniones referentes al ERE».
Tras los «simulacros» de elecciones sindicales en los distintos centros de trabajo de la empresa, «varios trabajadores solicitaron por escrito la asistencia en el proceso de negociación del ERE de un asesor de Comisiones Obreras».
El administrador concursal denegó tal petición, explicando que la propia empresa ya había contratado a un abogado laboralista para «colaborar» con los representantes de los trabajadores en las negociaciones.
De las negociaciones y sus resultados «nadie informó a los trabajadores hasta que fueron convocados a asambleas en los distintos centros de trabajo, para que votaran si estaban o no conformes con el acuerdo al que llegaron la empresa, los representantes de los trabajadores elegidos de forma ilícita y el abogado contratado por la propia empresa».
«Se nos dijo que teníamos que votar el acuerdo por unanimidad, pero, aun no existiendo tal unanimidad, los supuestos representantes de los trabajadores firmaron su consentimiento y la empresa dio el ERE se dio por acordado el pasado día 25», señalan los trabajadores.
CCOO espera que la Inspección de Trabajo desmonte toda esta tramoya de ilegalidades que se han venido produciendo antes y durante el proceso de negociación del ERE, y confía en la anulación judicial de todo lo tramitado hasta ahora.