Agustín Yanel
A los dirigentes del PP, Vox y Ciudadanos no les ha gustado nada que la patronal CEOE, los empresarios catalanes y los obispos de esa comunidad se hayan mostrado a favor de conceder indultos parciales a los independentistas condenados y en prisión, si esta decisión sirve para empezar a restablecer la concordia y las relaciones que deben mantener el Gobierno de España y el de Cataluña. Ese respaldo ha sentado especialmente mal a Pablo Casado y su partido, que cada día están más solos en su oposición a esa medida de gracia.
Pablo Casado ha dicho que el único responsable de esos indultos es Pedro Sánchez, porque es quien los propone, pero ha añadido que serán «cómplices» de esa decisión quienes, desde la socidad civil, se han mostrado a favor de concederlos. Al hablar de complicidad, como si la concesión de estos indultos fuera ilegal, ha implicado a la gran patronal española y catalana, a los obispos de las 10 diócesis de Cataluña, a los sindicatos CCOO y UGT y todos los que ven en esa medida de gracia una posibilidad de resolver el llamado «problema catalán».
¿Solo los políticos pueden hablar de los indultos?
Al preguntar a Casado por el apoyo a los indultos que ha expresado Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha respondido así: «Ya ha matizado sus palabras y ha dicho algo que comparto: que somos los políticos que nos hemos sometido a las urnas los que hemos de hablar de estas cuestiones».
Y ha añadido: «Con todo mi respeto a la Conferencia Episcopal, la patronal y los sindicatos, en España, como en toda democracia, lo que decidamos se decide en el Parlamento nacional y lo que tengamos que decidir del conjunto de España tenemos que hacerlo todos los españoles».
Resultan sorprendentes estas declaraciones de Casado porque, ¿acaso quiere decir que los empresarios, los obispos, los sindicatos y cualquier persona de la sociedad civil no deberían opinar sobre la concesión de los indultos? Claro que es el Parlamento el encargado de legislar y de aprobar decisiones que afectan a toda España, pero también debe garantizar el ejercicio de la libertad de opinión que establece la Constitución, y él debería ser el primero en defender este derecho como líder del pincipal partido de la oposición.
Derecho a indultar y derecho a criticar los indultos
Tanto derecho tiene el Gobierno para aprobar esos indultos como la oposición a criticarlos. Pero la crítica siempre debe tener un fundamento sólido y no puede sustentarse en frases huecas o preparadas para buscar titulares ni, mucho menos, en falsedades. Pero, lamentablemente, hay políticos que no tienen ningún inconveniente en decir una cosa y la contraria según les convenga en cada momento para sus intereses, o en tachar de ilegítimo algo que está contemplado en la ley.
Conviene recordar que Oriol Junqueras y los otros ocho independentistas encarcelados van a ser indultados parcialmente cuando les quedan pocos meses para empezar a ser clasificados en el tercer grado penitenciario, tras haber cumplido cuatro años en prisión. Ese régimen de semilibertad les permitirá salir de la cárcel durante el día y volver a ella a dormir; o incluso dormir fuera de la prisión si aceptan llevar una pulsera de control telemático. Y no se les perdonará el delito cometido, que continuará en sus antecedentes penales, porque el indulto será parcial. Este es el régimen que se aplica a cuaquier preso en todas las cárceles de España.
¿Que ocurrirá a partir de ahora? Pues ocurrirá que el Consejo de Ministros va a aprobar esos indultos parciales en los próximos días, porque es una competencia que le otorga la ley, y que Pedro Sánchez explicará en el Congreso los motivos que le llevan a hacerlo; que el Rey los firmará, porque es su obligación en una monarquía parlamentaria, y no se convertirá en cómplice por hacerlo -como ha insinuado la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en unas declaraciones que han criticado hasta en su partido, el PP-; que Cataluña seguirá formando parte del Estado español, y que la ciudadanía, tanto la de esa comunidad como la del resto de España, seguirá haciendo su vida exactamente igual que hasta ahora.
Mientras tanto, el presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès; el expresidente huido de la Justicia, Carles Puigdemont, y otros políticos independentistas continuarán diciendo que los indultos no son suficientes y que son necesarios la amnistía y un referéndum de autodeterminación para que los ciudadanos de Cataluña decidan si continúan formando parte del Estado español o no. Allá ellos. Habrá quien continúe creyéndoles, pero ellos saben que eso no va a ocurrir. Si se dedicaran a gobernar para mejorar la vida de la ciudadanía, la independentista y la que no lo es, seguro que muchos se lo agradecerían.