El director general de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan José García Ferrer, ha señalado que la nueva ley de dependencia va a ser «más sostenible y eficiente» y va a apostar más por la «prevención que la intervención».
García Ferrer se ha pronunciado así tras la reunión mantenida con la presidenta de la Federación Provincial Alcarreña de Jubilados y Pensionistas de la Tercera Edad, Carmen Hombrados, con el objeto de informar a este colectivo acerca de la nueva normativa que entrará en vigor en breve, según palabras del director general de Mayores.
«Entendemos que era importante regular los servicios de prevención y de promoción de la independencia personal y así lo hemos recogido en la nueva ley», ha señalado el director general de Mayores, quien ha destacado que la nueva normativa recoge con detalle los servicios de atención al dependiente, «apostando por un modelo de servicio público y, si con éste no es suficiente, aportar el dinero necesario para que el dependiente contrate a profesionales que le presten dicho servicio».
En este sentido, ha defendido la profesionalización de la asistencia a los dependientes a la región, con un apoyo en casa en lugar de la asistencia en residencias y la inclusión del dependiente moderado «que con la actual ley no está recogido de forma detallada».
Todas estas medidas recogidas en la nueva normativa, ha insistido García Ferrer, van encaminadas a un objetivo único que es atender a los que más lo necesiten y de forma proporcionar a sus necesidades.
El director general ha explicado, asimismo, que la consejería va a mantener el mismo número de horas de ayuda a domicilio a todos los grandes dependientes, a pesar de que el acuerdo del Consejo Interterritorial contempla que se reduzca su intensidad más de un 20 por 100.
Para el próximo año, el Gobierno regional tiene prevista una inversión de más de 400 millones de euros para atender a las personas en situación de dependencia, ha señalado García Ferrer.
Por su parte, Carmen Hombrados ha manifestado su apoyo a la nueva ley que «no viene a quitar nada» sino a regular los servicios y adaptarla tras ocho años en funcionamiento de la norma. Como representante del colectivo de jubilados y pensionistas de la provincia ha agradecido a la Junta que «hayan contado con nosotros para saber las necesidades y servicios más adecuados» que la nueva ley debe recoger.