La portavoz socialista de Asuntos Sociales en las Cortes regionales, Matilde Valentín, ha avisado de que con la reforma de la administración local peligran 7.000 empleos y la ayuda a domicilio de 40.000 mayores en Castilla-La Mancha, así como 3.200 plazas residenciales de titularidad municipal.
Valentín ha hecho esta advertencia en una rueda de prensa en la que también ha manifestado que la nueva orden que regula la aplicación de la Ley de Dependencia en la región sólo pretende «recortar cada vez más».
La dirigente socialista ha criticado que la reforma de la administración local perjudicará principalmente a los servicios sociales y, con ello, afectará a 200.000 castellanomanchegos.
«Actúa como un arma de destrucción masiva contra el bienestar de Castilla-La Mancha y sus ciudadanos», ha lamentado la portavoz socialista, quien ha denunciado que las competencias en materia de servicios básicos sociales de los municipios de menos de 20.000 habitantes vaya a pasar a manos de las diputaciones provinciales.
A su juicio, esta medida -de la que dice que están en contra incluso alcaldes del PP- provocará, o bien la desaparición de los servicios sociales, o su privatización, de modo que sólo podrán acceder a los servicios aquellas personas que tengan más recursos económicos.
En una línea semejante se ha referido Valentín a la nueva orden publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) que establece el catálogo de servicios y prestaciones económicas del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en la región.
«Todo ya estaba reconocido en la ley de dependencia. ¿Para qué ahora una orden? Para recortar, recortar, recortar y recortar cada vez más», ha afirmado la diputada socialista a preguntas de los periodistas.
A su juicio, la orden «hunde más una ley que otorgaba dignidad a las personas dependientes y a sus familias».
Entre otros asuntos, la portavoz socialista de Asuntos Sociales ha criticado que la orden «pone tantas condiciones que tiene que cumplir cualquier persona en dependencia que va a ser prácticamente imposible que nadie pueda acudir a los servicios y prestaciones que la ley establecía».
Además, ha denunciado que la orden establece la ampliación del pago de los atrasos de cinco a ocho años.
«Que se ensañen con las personas que de verdad necesitan ayuda y protección pública para vivir con un mínimo de dignidad es inaceptable», ha opinado Valentín, quien ha lamentado que esto ocurra al tiempo en el que se está conociendo «el presunto cobro de sobresueldos de los dirigentes del PP».