El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Marcial Marín, cree que el funcionamiento en sus primeras semanas de la Unidad de Atención al Profesorado (UAP) es «un éxito», ya que a su juicio ofrece «un balance muy positivo».
«Ha sido una experiencia de éxito que nos anima a seguir mejorándola», ha afirmado Marín sobre la Unidad de Atención al Profesorado que ha sido puesta en marcha recientemente, según ha informado en una nota de prensa la Junta de Comunidades.
Desde su puesta en marcha (con una Orden de la Consejería publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el 25 de junio) la UAP ha atendido y asesorado a más de una veintena de docentes que han solicitado sus servicios al verse afectados por situaciones de conflicto escolar.
Según la Junta, la UAP ha puesto en conocimiento de los docentes las acciones concretas que, dependiendo del caso en cuestión, han podido emprender.
Marín ha explicado que la UAP: «Viene a dar cumplimiento a nuestra ley estrella, la Ley de autoridad del Profesorado, una normativa con la que hemos apoyado a los docentes para que puedan trabajar en un clima de respeto y confianza».
A su juicio, la Unidad de Atención al Profesorado es una herramienta «imprescindible» para proteger y apoyar a los docentes que hayan sido víctimas de conductas contrarias a la convivencia en el aula.
Este servicio coordina sus actuaciones con el Servicio de Atención de Urgencia 112, para dar respuesta rápida y eficaz ante las conductas infractoras de las que el profesorado sea víctima en el ejercicio de sus funciones.
También recoge datos significativos de los afectados y de la situación en la que se encuentran, en un marco de confidencialidad.
Evalúa asimismo el grado de conflictividad, para contribuir a resolver las situaciones que se presenten y tratar de evitar conflictos futuros, elaborar una base de datos, a efectos estadísticos -con cómputo total, tipología y resultados producidos- e informar de los casos de especial relevancia a la Inspección General de Educación y a los Servicios Periféricos de la Consejería.
Además de estas funciones, la UAP traslada a los servicios jurídicos de la Consejería, previa solicitud por escrito del docente afectado, aquellos casos cuyas características requieren asesoramiento o defensa jurídica.