Si usted quiere poner en marcha un negocio, pongamos por caso una droguería-perfumería, tiene que efectuar diversas inversiones: solicitar y pagar los permisos pertinentes, comprar o alquilar un local, adecentarlo, encargar el mobiliario y los enseres necesarios, pedir a los proveedores la mercancía… y esperar que a los posibles clientes les de por entrar en su tienda y, además, que compren. Por el contrario, algunas grandes empresas del mundo de la sanidad lo tienen bastante más fácil que usted para hacer un negocio mucho más importante y, por supuesto mucho más rentable que su droguería-perfumería, sobre todo ahora que a algunos gobiernos autonómicos parece que les ha entrado la fiebre de la privatización.
Hablemos, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid. Esperanza Aguirre, del PP, siempre presumió de haber construido más hospitales públicos que nadie, con el dinero de todos los ciudadanos, claro está. Su sucesor en el cargo, Ignacio González -que lo ocupó porque ella dimitió y no porque lo eligieran los ciudadanos en las urnas-, ha decidido que va a encargar la gestión de seis de esos hospitales públicos a empresas privadas y no a la Administración pública como hasta ahora. Para ello convocó un concurso, se presentaron varias empresas y, sin que éstas hayan tenido que invertir ni un euro en la construcción de esos hospitales sino únicamente con depositar lo que les piden para participar en el concurso, esas sociedades se encuentran con que les han adjudicado la gestión de un hospital durante 10 años. Algo así como si usted sólo tuviera que pagar las mercancías que va a vender en su droguería-perfumería pero no tuviera que aportar ni un euro para los permisos, el local, las obras y el mobiliario. Un negocio redondo.+
SIN RESPETO A LA JUSTICIA
Pero el asunto es todavía más grave, porque el Gobierno de Ignacio González -con su consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty a la cabeza- ya ha adjudicado la gestión de tres de esos hospitales a dos de las empresas aspirantes a ellos, a pesar de que la Justicia aún tiene pendientes de resolver varios recursos contra la decisión del Ejecutivo madrileño de externalizar esas tareas. Sin duda, una buena buena muestra de la absoluta falta de respeto al Poder Judicial por parte del Gobierno de Madrid. Porque, ¿qué ocurrirá si un tribunal falla en contra de esa medida y a favor de los recurrentes?
Esta decisión del Gobierno autonómico de Madrid, que ha sido contestada con innumerables protestas por todos los colectivos sanitarios durante el último curso, tanto de izquierdas como de derecha o de centro y otros sin ningún signo político, contrasta con la opinión que tiene la ciudadanía de la sanidad pública española. Los ciudadanos dan un 6,57 de nota a la sanidad pública, según una encuesta del CIS. Ese es su grado de satisfacción con la sanidad pública y con el servicio que reciben en los centros y hospitales públicos, aunque también apuntan algunos aspectos que deberían ser mejorados. Si esa es la opinión de los españoles, no se entiende por qué motivo el Gobierno de la Comunidad de Madrid y los de algunas otras regiones están empeñados en conceder a empresas privadas la gestión de hospitales públicos que han sido construidos con dinero procedente de los ingresos de todos los ciudadanos.
PREFIEREN LA SANIDAD PÚBLICA
El último Barómetro Sanitario del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dado a conocer el 14 de agosto, revela que los ciudadanos prefieren la sanidad pública a la privada tanto por la tecnología y los medios de que dispone como por la capacitación de sus médicos y personal auxiliar, la información que ofrecen al paciente y el trato personal. Los centros privados sólo son mejores que los públicos, según esa encuesta, en dos cosas: la rapidez en atender las consultas o intervenciones y el confort de las instalaciones. Con esta opinión mayoritaria, se entiende todavía menos que el presidente madrileño y su consejero de Sanidad estén dispuestos, caiga quien caiga, a privatizar seis hospitales y otros centros de salud -ellos no hablan de privatizar sino de «externalizar la gestión»- en contra de la opinión no sólo de esa mayoría ciudadana sino de las organizaciones, sindicatos y asociaciones profesionales de todos los signos ideológicos.
En España sabemos mucho de privatizar empresas públicas. Basta recordar lo que hizo Felipe González con algunas muy importantes y lo que hizo, años más tarde José María Aznar. Pero ahora no se trata de empresas públicas sino de la sanidad, un servicio garantizado por la Constitución que deber ser universal e igual para todos los ciudadanos.
LA OPINIÓN DE LA CIUDADANÍA
El PP y los partidarios de que los hospitales públicos sean gestionados por empresas privadas dicen que así funcionan mejor y que es más barato el servicio que prestan. Los contrarios a ese modelo afirman, en cambio, que así se deteriorará la calidad del servicio porque las empresas privadas tienen como objetivo ganar dinero y para ello no dudarán en recortar personal y medios. Los profesionales -médicos, personal de enfermería y otros- coinciden, en general, en que los hospitales públicos no tienen por qué resultar más costosos que si los gestiona una empresa privada y dicen que lo correcto sería corregir los fallos que existan en esa gestión en vez de externalizarla.
El asunto es complejo y no puede resumirse en unos pocos párrafos, pero está claro que las empresas a las que el Gobierno de Madrid va conceder la gestión de seis hospitales van a hacer un buen negocio. Y está claro, también, que el Gobierno de Madrid y los de otras comunidades deberían tener más en cuenta la opinión de los ciudadanos a los que representan. Porque, según el citado barómetro sanitario del CIS, no sólo están mayoritariamente satisfechos coj el servicio sanitario público, sino que dicen que, si tuvieran que elegir,optarían por un centro público antes que por uno privado tanto para para la asistencia sanitaria primaria como para acudir a un médico especialista, ingresar en un hospital o ir al servicio de urgencias.
Por algo será.