El juez del caso Kitchen, el supuesto espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas, ha puesto fin a las pesquisas y ha propuesto juzgar al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y a la cúpula del ministerio, mientras que deja fuera del caso a la ex secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal.
El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, cree que la operación se ideó «en el marco institucional del Ministerio del Interior», siguiendo «órdenes» de Fernández Díaz.
Todas ellas bajo «el control» de su número 2, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien contó «con la ayuda» del director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino.
Pero descarta que hubiera una trama política más allá del Ministerio y que Cospedal ejerciera el «liderazgo ideológico», al no haber más que sospechas sobre el contenido de sus reuniones con el comisario José Manuel Villarejo.
El juez deja así a las puertas del banquillo a Fernández Díaz, a Francisco Martínez; a Eugenio Pino; a ex altos cargos policiales como José Luis Olivera o Marcelino Martín Blas; a Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de Cospedal; al excomisario José Manuel Villarejo, y a Sergio Ríos, entre otros.
Fuera de Kitchen también el marido de Cospedal
También ha sacado de esta causa a su marido, Ignacio López del Hierro, y al que fuera su jefe de gabinete José Luis Ortiz, después de que hace unos meses el juez les imputara ante las sospechas de que estuviesen involucrados en la captación del exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos, como confidente policial para esta operación, que perseguía conseguir material relacionado con la investigación judicial del caso Gürtel.
El magistrado ha decidido decretar el archivo para ellos al resultarle «llamativa la debilidad de las razones que justifican su incriminación», a diferencia de los responsables ejecutivos del Ministerio del Interior, respecto de los que asegura que existe «una sólida base indiciaria».
Al contrario que para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y la cúpula de su departamento, incluido su ex número dos, Francisco Martínez.
Propone juzgarlez al considerar que esta supuesta operación, que buscaba hacerse con documentos sobre el caso Gürtel que guardaba Bárcenas y comprometían al PP, «se habría ideado en el marco institucional» del Ministerio, siguiendo las órdenes del ministro y «bajo el control» del secretario de Estado de Seguridad.
Reuniones con Villarejo
En un principio el juez consideró que Cospedal y su marido pudieron tener un papel determinante en la captación del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos (también procesado), como confidente policial.
No obstante, finalmente lo ha descartado al llegar a la conclusión de que ninguno de los dos «tenían relación alguna» con él y que su vinculación «se basa tan solo en las anotaciones de la agenda personal» de Villarejo», que «no han logrado corroborarse con indicios sólidos».
Sí que se ha probado -porque el matrimonio lo reconoció- que se reunieron con Villarejo, varias veces en el caso de Cospedal, que lo justificó en las relaciones que el excomisario tenía con la prensa.
Al respecto, el juez deja claro que «no se puede criminalizar el derecho de reunión» y que nadie puede ser sospechoso de delito por «el hecho de haber mantenido contacto» con Villarejo, que también irá a juicio por estos hechos.
El instructor ve «baldíos» los esfuerzos en justificar estas reuniones porque, aclara, «no hace falta»: «nuestro sistema de garantías constitucionales presupone la inocencia, y por ende, debemos entender que no existía voluntad delictiva, salvo que se apunte a indicios concretos».
Y en este caso entiende que esos indicios no se han fundamentado y que afirmar que las reuniones estuvieron motivadas por el interés de la ex número dos del PP en que el excomisario le diese información sobre la investigación del caso Gürtel, «no pasa de una sospecha» que atribuye a Cospedal «una voluntad subjetiva, una intención o ánimo determinado que cuyo origen no se expresa».
Grabaciones
También menciona las grabaciones publicadas hace unos años por un diario digital sobre esas reuniones, unos audios, dice el juez, «de origen desconocido y por tanto de dudosa fiabilidad», que sólo registran un fragmento de la conversación y que «no permiten» inferir esa «intención» que señala el fiscal.
Además, el juez ve «contradictorio» que Cospedal tuviese un «liderazgo ideológico» en una operación que perseguía robar documentos a Bárcenas cuando ella reconoció que esta documentación estuvo durante semanas en la sede del partido cuando éste fue cesado «y que tuvo que amenazar con ponerla en la calle para que se le llevaran».
«La imputación a ambos investigados de una participación intelectual, no deja de ser resultado de una inferencia voluntarista sin fundamento en indicio alguno, pues no hay reflejo de ello en las actuaciones», indica.
El juez no ve tampoco acreditado que se efectuase ningún pago desde el entorno de Cospedal y López del Hierro a Villarejo, «ni en el contexto de los hechos investigados en esta pieza ni en ningún otro» y afirma que cualquier apunte reflejado en las agendas del excomisario contradice la versión de ambos y «no se sustenta en ningún indicio objetivo».
Tanto Cospedal como su marido aparecen en repetidas ocasiones bajo las denominaciones «Cospe» o «ILH» en esas agendas intervenidas a Villarejo.
En su resolución de este jueves, el magistrado aclara que no acordó su imputación «por entender que existiera un conocimiento y participación en la operación investigada de la dirección del partido», sino para que ambos respondieran sobre una serie de cuestiones, entre ellas la captación del chófer que negaron.
En este sentido añade que el exasesor de Cospedal, el ya comisario Andrés Gómez Gordo, también procesado, negó cualquier intervención de la exministra en su acercamiento al chófer.