La última ocurrencia del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, ha sido proponer que se estudie la posibilidad de quitar a los trabajadores con contrato fijo algunos «privilegios» -que no son tales, sino derechos que han negociado durante años sus representantes legítimos con las empresas- para dárselos a quienes tienen un contrato temporal. Nadie ha explicado todavía si esta declaración se debe a que le ha afectado gravemente la ola de calor que padecemos estos días o a lo que los jueces y la ley definen como «enajenación mental transitoria».
Hace 40, 50 y más años los representantes de los trabajadores podían negociar pocas cosas -salvo en las grandes empresas, donde había comités fuertes-, porque el patrón era el que ordenaba, mandaba e imponía sueldos y condiciones laborales; además, muchos sindicalistas acabaron con sus huesos en la cárcel por defender lo que consideraban justo y por exigir sus derechos. Pero eran otros tiempos: en España gobernaba Franco y si un trabajador acudía a la organización sindical franquista a denunciar alguna irregularidad laboral podía estar seguro de que su jefe se iba a enterar inmediatamente y, por lo general, iba a adoptar represalias contra él por haberse atrevido a denunciarle. Eran otros tiempos, era una dictadura.
DE FRANCO A LA DEMOCRACIA
Ahora también existen injusticias e ilegalidades en muchas empresas, que no en todas, pero los comités y delegados de personal al menos pueden denunciarlas en la Inspección de Trabajo o en un Juzgado de lo Social, que a veces les darán la razón y otras no. Y esos mismos representantes de los trabajadores negocian con sus empresas los salarios y las condiciones laborales de las plantillas en los convenios colectivos. Son otros tiempos, afortunadamente, porque vivimos en democracia aunque ésta tenga todavía muchos defectos.
El presidente de la CEOE, que en tiempos de Franco era menor de edad, debería saber que los comités de empresa y los delegados de personal llevan muchos años negociando convenios colectivos porque son ellos los que tienen atribuida legalmente la competencia para hacerlo. Y debería saber, también, que en esas negociaciones muchas veces se han mejorado las condiciones salariales y laborales de los trabajadores y otras, como viene ocurriendo desde hace cinco años de crisis económica, se han empeorado.
SON DERECHOS, NO «PRIVILEGIOS»
Juan Rosell debería saber que las mejoras que se han negociado en esos convenios son derechos de los trabajadores; pero, a juzgar por sus demagógicas palabras, parece que lo ignora. O probablemente sí lo sabe pero prefiere no reconocerlo. Por eso ha dicho que muchos de esos derechos adquiridos durante años, en negociaciones generalmente muy duras porque cada una de las dos partes defiende sus intereses, son «privilegios». ¿No sabe el patrón de los patronos que muchos de los que él denomina «privilegios» son acuerdos que se han alcanzado en las negociaciones a cambio de no incrementar más los salarios, por ejemplo? Si lo supiera, probablemente no habría planteado semejante estupidez. O tal vez es que ha recordado con nostalgia aquellos años de su adolescencia en los que él veía a su alrededor que el empresario, salvo excepciones, era quien ordenaba, mandaba, fijaba salarios y los reducía cuando le venía en gana.
De repente, el máximo representante de la patronal parece haber olvidado que en las empresas ha habido en los últimos años miles y miles de despidos -favorecidos por la reforma del mercado laboral que inició Zapatero y que completó y endureció Rajoy-, que los trabajadores han sufrido reducciones en sus salarios y en otros derechos que tenían garantizados en los convenios y que, salvo excepciones, las plantillas han aceptado esos recortes porque son conscientes de la gravedad de la situación económica actual.
CONTRATOS DE MISERIA
Juan Rosell también ha olvidado, o no quiere recordarlo, que los pocos contratos que se firman ahora -en un país donde el paro continúa aumentando, en contra de lo que prometió el PP en el programa con el que ganó las elecciones generales en 2011, y en el que hay 3,5 millones de personas que llevan más de un año buscando un trabajo sin encontrarlo- son temporales, con salarios en muchos casos de miseria y sin muchos de los derechos -no «privilegios», hay que repetirlo- que tenían hasta hace unos años en las empresas.
Con la esperpéntica propuesta del empresario Rosell, que él ha planteado como reflexión, no se va a crear empleo duradero y de calidad, que es lo que se necesita en España para salir de la crisis. Reduciendo más y más los salarios, hasta rozar la miseria, tampoco, porque los ciudadanos consumirán menos. ¿Qué espera, entonces, el dirigente de los empresarios españoles con su propuesta? Está bien claro: no le parece suficiente que la ineficaz reforma del mercado laboral del PSOE y el PP beneficie únicamente a los empresarios, perjudique gravísimamente a los trabajadores y dañe de muerte la negociación colectiva y las relaciones laborales, sino que quiere todavía más. En beneficio de las empresas, naturalmente, no de España.
DÍAZ FERRÁN, EN LA CÁRCEL
Su antecesor al frente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, afirmó en una ocasión: «Solamente se puede salir de la crisis de una manera, que es trabajando más y, desgraciadamente, ganando menos». También declaró: «Si el Gobierno hubiera hecho caso a nuestras propuestas, se habría evitado el actual grado de deterioro de la crisis». Afortunadamente, no le hicieron caso: el individuo que se presentaba como gran estratega económico para afrontar la crisis lleva casi un año en la cárcel, acusado de graves delitos con los que presuntamente llevó a la quiebra a Viajes Marsans y otras empresas.
Los empresarios no se atrevieron a sustituir a Díaz Ferrán y le aguantaron al frente de la CEOE incluso después de que estuviera acosado por los jueces: se fue en diciembre de 2010 porque dimitió, no porque los afiliados a su organización le obligaran a dejar el cargo.
¿MERECE DIRIGIR LA CEOE?
La situación de Juan Rosell no es la misma que la de su antecesor, afortunadamente para él, pero sus declaraciones son igual de peligrosas. Rosell ha coincidido con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, que hace unas semanas recomendó bajar un 10 por 100 el salario a los trabajadores españoles para salir de la crisis, olvidando que en España ya se han bajado mucho. Por cierto: ella cobra casi 400.000 euros al año.
Una sugerencia: tal vez haya llegado la hora de que los empresarios afiliados a la CEOE se planteen que una persona que coincide con la polémica directora del FMI, que propone empeorar las condiciones de los trabajadores -ignorando que ya han sido gravemente recortadas y a sabiendas de que con esa decisión no se va a crear empleo- y cuyas declaraciones han tenido que ser «matizadas» por el propio vicepresidente de la CEOE, tal vez no merece estar al frente de las organizaciones de empresarios españoles. Porque los hay que quieren hacer las cosas bien y están dispuestos a sacrificarse en la parte que les corresponda para afrontar la crisis, como hacen sus trabajadores.