Luis Díaz Villaverde, presidente de la Asociación de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha, habla de los recortes de la administración y de las serias consecuencias que están teniendo y sufriendo los montes. En una entrevista concedida a encastillalamancha.es, habla de la lucha que mantiene este colectivo, no solo con los incendios, sino también con la escasez de recursos materiales y humanos.
¿Cómo se han notado en el monte los recortes?
Los agentes medioambientales, como funcionarios públicos adscritos a la Consejería de Agricultura, nos dedicamos a la dirección de extinción y somos los que investigamos o investigábamos, entre comillas, todos los incendios en el medio natural. Son las denominadas BIIF, Brigadas de Investigación de Incendios Forestales, los llamados CSI del monte. Los compañeros que se dedican a la investigación son auténticos profesionales. Han esclarecido prácticamente todos estos incendios que están saliendo en la prensa y han llegado a imputar a los presuntos responsables. La administración se está cargando la brigada de investigación de incendios y nos está apartando poco a poco. ¿Cómo nos aparta? Todos estos años cuando surgía un incendio el equipo de investigación se iba rápidamente a la zona. Eso se llama disponibilidad absoluta y despacho automático. Pero ahora mismo tienes que esperar a que te llame el jefe o el técnico de turno. Igual te mandan investigarlo o igual no te mandan. Estamos elaborando un escrito para la Fiscalía General del Estado de queja porque vemos un posible ilícito penal y es que, a nuestro juicio, por parte de la Junta se está induciendo al delito en el sentido de que se están dejando de investigar incendios forestales.
¿Se está extendiendo esta práctica de no investigar los incendios?
Es algo que ha empezado este año. La administración nos está poniendo filtros a la hora de dirigirnos al órgano judicial correspondiente. Cuando los agentes medioambientes nos encontrábamos un supuesto ilícito penal como puede ser un incendiario, un pirómano o una construcción en un espacio natural protegido, podíamos acudir directamente al órgano judicial. Sin embargo, han sacado instrucciones que nos prohíben dirigirnos a la justicia. Es algo que hemos denunciado a la Fiscalía. Son instrucciones nulas de pleno derecho porque contradicen la Ley de Enjuiciamiento Criminal ya que además de ser agentes de la autoridad somos policía judicial y cuando sabemos de un hecho ilícito penal tenemos que dar conocimiento al órgano judicial. La situación en la investigación de incendios está bastante complicada. Aún así todos estos grandes incendios que están saliendo en la prensa han sido investigados por los compañeros con un éxito rotundo; hay imputadas varias personas.
¿Los agentes medioambientales se sienten relegados por parte de la administración?
Creemos que nos quieren dejar de lado y nos están ninguneando continuamente. Incluso, la consejería no nos menciona en las tareas de extinción e investigación de incendios y eso que nosotros somos un cuerpo que tenemos 140 años de antigüedad. Nos llama la atención y estamos muy ofendidos con la consejera. No hay ningún colectivo que conozca el territorio mejor que nosotros. Cuando sale humo, conocemos tan bien el territorio y las condiciones climatológicas que muchas veces antes de llegar a la zona estamos en condiciones de tomar medidas. Somos 530 agentes medioambientales repartidos por todo el territorio regional y según el Plan de Conservación tendríamos que ser 700.