El secretario general de UGT en Castilla-La Mancha, Carlos Pedrosa, ha pedido a la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, sentarse a hablar sobre el futuro de la empresa pública de Gestión Ambiental, Geacam.
En declaraciones a Efe, Pedrosa ha señalado que la situación de esta empresa, inmersa en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), hace necesario que el Gobierno regional y los representantes de la empresa, que preside la propia Consejera, se sienten para abordar el futuro de sus casi 2.000 trabajadores.
El dirigente sindical no ha querido entrar en polémicas con otros sindicatos sobre los pasos que se han dado hasta el momento a la hora de negociar los diferentes ERE’s que se han presentado.
Pero ha señalado que la propuesta de novación de los contratos lanzada por la empresa para transformar de fijo a fijo discontinuo los contratos tiene que venir avalada por una información clara y precisa sobre la situación real de la empresa.
«Necesitamos tener más datos y más seguridad jurídica para afrontar este proceso con garantías», ha apuntado, y para «poder buscar soluciones pactadas y no acabar caminando por otros derroteros».
Según Pedrosa, el Gobierno regional debe «reaccionar» ante la «precipitación de la empresa al solicitar la novación de los contratos» y debe «buscar de nuevo el consenso, ampliando los plazos de información a los trabajadores y sindicatos».
UGT ha señalado que el nuevo contrato que ofrece Geacam no ofrece garantías para los trabajadores, ni tampoco aseguran que la empresa pública vaya a seguir prestando el servicio de prevención y extinción de incendio en Castilla-La Mancha.
UNA REFORMA LABORAL QUE HA EMPOBRECIDO A LOS TRABAJADORES
Pedrosa ha asegurado que la consecuencia de la reforma laboral es que los trabajadores «son más pobres» que antes.
Pedrosa se ha referido de esta forma a los efectos que está teniendo la reforma laboral en la región, una opinión que contrasta con la que dio la consejera de Empleo y Economía, Carmen Casero, que dijo que ha propiciado que en los últimos cinco meses haya descendido el paro en Castilla-La Mancha.
A preguntas de los periodistas, Pedrosa ha mostrado su «desacuerdo» con las apreciaciones de Casero y de la ministra Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, sobre los efectos beneficiosos de la reforma y se ha preguntado que «si tan buena es» cómo es posible «que no tenga más éxito».
Según Pedrosa, un ejemplo de lo que está suponiendo la reforma laboral es lo que ha ocurrido en la fábrica de Bormioli en Azuqueca de Henares, en la que los trabajadores han aceptado en referéndum el plan de viabilidad presentado por la dirección, según el cual perderán parte de su sueldo y verán ampliada su jornada laboral para evitar el despido de 120 empleados el 31 de agosto.
«Con todo el respeto a la decisión de los trabajadores, el acuerdo que han adoptado pone de manifiesto que se sienten indefensos y desprotegidos ante los empresarios», que ahora pueden tomar medidas de presión como esta, ha advertido Pedrosa.
UNA REUNIÓN CON LEANDRO ESTEBAN
Por otra parte, el secretario regional de UGT ha dicho que si el Gobierno aprueba la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, pedirán a la Junta de Comunidades que convoque a los sindicatos para que les expliqué cómo afectará a la región.
Ha avanzado que solicitarán al consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Leandro Esteban, que convoque a los sindicatos y los agentes sociales que considere oportuno, para que les explique cómo va a afectar a los servicios que en la actualidad prestan los ayuntamientos.
Pedrosa ha puesto de manifiesto la oposición de UGT a esta ley «que tiene como único objetivo reducir en el conjunto de España más de 300.000 nuevos puestos de la administración pública».
La ley «no ha sido consensuada con nadie y tiene el rechazo más absoluto del resto de la fuerzas políticas del país», ha subrayado Pedrosa, quien ha considerado que no está justificada, como afirma el Gobierno, en la necesidad de sanear las cuentas públicas de los ayuntamientos de España.
En este sentido, ha recordado que la deuda de los ayuntamientos no supone más del 4,5 % de la deuda del país, y que la mayor parte de ella, corresponde a los grandes ayuntamientos de España que, precisamente, ha señalado, «no se van a ver afectados por esta Ley».
A su juicio, su entrada en vigor contribuirá a crear más desigualdades entre los núcleos rurales y urbanos.
En este sentido, Pedrosa ha considerado que mermará las competencias municipales y «empobrecerá» los servicios a los ciudadanos de los núcleos rurales de la región, lo que junto a otros ajustes sanitarios, educativos y sociales provocarán que «vivir en un pueblo será imposible».