Ángel Luengo, candidato a la secretaría general del PSOE de Toledo, ha remitido una solicitud de amparo a la Comisión Federal de Ética y Garantías, tras la desestimación por parte Comité Regional de su denuncia de irregularidades en el proceso de primarias de Toledo.
En dicho escrito expone el «desamparo absoluto» que dice haber sufrido su candidatura, «así como por la inoperancia de la Comisión de Ética y Garantías de Toledo», una comisión que está presidida por una concejala del Ayuntamiento de Escalona, Esther Hernández, cuyo alcalde es el otro candidato y actual secretario general del PSOE de Toledo, Álvaro Gutiérrez.
«Esta candidatura no ha tenido tiempo formal y material para realizar una campaña informativa que debería hacer comenzado oficialmente con la proclamación de las candidaturas y que, por esta circunstancia, ha quedado desvirtuada», alega el candidato.
Denuncia dejadez de funciones
Expone que el Comité Organizador del proceso «ha tenido una dejadez manifiesta de sus funciones al no cumplir los plazos marcados por las bases publicadas, hecho que repercute negativamente en esta candidatura y en el conjunto de la militancia que ha de participar en el proceso, privándoles de información esencial para la conformación de su voluntad como de cualquier proceso democrático que se precie».
Luengo denuncia al Comité Organizador del Congreso del PSOE y pide retrasar la votación
Pide que se aplace la votación hasta el 9 de octubre
Por todo ello, Ángel Luengo reclama que se aplace hasta el 9 de octubre la votación prevista para el sábado 2.
Además pide que «se inste al Comité Organizador del 13º Congreso y a la Comisión Provincial de Ética y Garantías a que se lleve a término la proclamación oficial de las candidaturas, y se convaliden las actas de trámite llevadas a término de manera que se puedan regularizar el proceso de primarias en nuestra organización».
En el documento, con más de 28 páginas, adjunta los correos electrónicos y la documentación «para demostrar las circunstancias temporales de «este relato fáctico que se omite por la dirección provincial del proceso y ahora también por la Comisión Regional de Ética y Garantías.
Una situación que «no hace sino evidenciar una evidente vulneración de los derechos fundamentales de este militante», alega en el escrito que puede consultar aquí de forma íntegra.