Los sindicatos UGT y CCOO y la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) preparan denuncias para su remisión al juzgado contra diversos altos cargos de la Consejería de Agricultura por «las reiteradas presiones e injerencias» de estas personas «en relación a la tramitación de las denuncias interpuestas por los miembros del Cuerpo de Agentes Medioambientales, especialmente aquellas que tienen un contenido penal».
Los sindicatos y la APAM-CLM recuerdan que el año pasado la Fiscalía ya recriminó al Coordinador de los Servicios Periféricos de la Consejería de Agricultura en Toledo, Miguel Sáez Palacios, por el contenido de una instrucción dictada por él. En ella ordenaba a los miembros del Cuerpo de Agentes Medioambientales que le presentasen a él, y no a los órganos judiciales, todas las denuncias que se emitiesen en materia penal.
A pesar de las amenazas de apertura de expediente disciplinario que Sáez Palacios incluía en su instrucción, los Agentes Medioambientales continuaron remitiendo sus atestados al Ministerio Fiscal o al juzgado, por estar así obligados por las leyes; al tiempo que denunciaron la propia instrucción ante la Fiscalía General del Estado en julio de 2012. El Ministerio Fiscal recriminó la actuación del mencionado alto cargo de Agricultura en diciembre de 2012.
Posteriormente en junio de 2013, las organizaciones sindicales y APAM-CLM remitieron a la Fiscalía una nueva denuncia contra María José Ortega Burgos, secretaria provincial de la Consejería de Agricultura en Guadalajara, quien en el curso de una investigación criminal por el envenenamiento masivo de fauna amenazada, se negó a entregar la documentación requerida por los miembros del Cuerpo de Agentes Medioambientales, y además, les prohibió comunicarse con el juzgado.
Los agentes medioambientales, quienes actuaban bajo la condición de policía judicial genérica, continuaron con la investigación y denunciaron ante la Fiscalía la actuación de la secretaria provincial de Agricultura.
Los sindicatos y APAM-CLM señalan que en julio de 2012, antes de trasladar la denuncia a la Fiscalía «intentamos la comunicación con el Jefe de Gabinete de la Consejera, Javier Herrero Poyato, pero al observar que no cesaba la actitud de los altos cargos y que el Jefe de Gabinete no decía la verdad, no quedó más remedio que denunciarles».