La sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha admitido la demanda presentada por Corriente Sindical de Izquierda (CSI) y el Sindicato de Trabajadores del Crédito (STC) contra el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) firmado por la entidad financiera con CCOO y UGT.
El secretario de CSI en Cajastur (entidad que se integra en Liberbank), Marco Antuña, ha informado en un comunicado de que la Audiencia Nacional ha fijado la vista por esta demanda para el próximo 14 de octubre.
La demanda de tutela de derechos fundamentales presentada por estos dos sindicatos de Cajastur se basa en la «violación del derecho constitucional de libertad sindical en su vertiente de derecho a la negociación colectiva», ya que, según argumentan, la dirección de Liberbank, CCOO y UGT negociaron el ajuste laboral «sin convocar al resto de los sindicatos de la entidad».
En declaraciones a Efe, Antuña ha precisado que el 35 por ciento de los trabajadores representados por los sindicatos minoritarios «quedaron excluidos de la mesa de negociación» y «sin posibilidad de defensa de sus intereses en la mesa negociadora».
Antuña ha subrayado que el ERTE firmado el pasado 25 de junio supone «recortes salariales de hasta el 60 por 100, el descuelgue del Convenio Colectivo de Cajas de Ahorros y la pérdida de todos los beneficios sociales».
En la demanda, CSI y STC solicitan «la declaración de nulidad de dicho acuerdo y, por tanto, de las medidas de recorte actualmente en vigor, con devolución a los trabajadores de las cantidades descontadas de sus salarios hasta ahora y la reposición de los beneficios sociales suprimidos».
Los sindicatos CCOO y UGT alcanzaron en junio un acuerdo sobre el ERTE con la dirección del grupo Liberbank que suponía reconvertir las 1.332 suspensiones temporales de contrato planteadas inicialmente en 775 reducciones de jornada al 50 % y los 1.000 afectados por la merma de la jornada del 30 % en 770.
Además hay otras medidas que contemplan también reconvertir parte de la reducción salarial en variable, que se abonará una vez se hayan devuelto los 124 millones al FROB y condicionado a beneficios de la entidad, además de cambiar la supresión definitiva por temporal de determinados beneficios sociales.