La Unión de Uniones de Castilla-La Mancha ha pedido hoy a la Consejería de Agricultura que ponga en marcha las medidas oportunas para anticipar el 50 por ciento de las ayudas directas de la Política Agraria Común, que permitiría que unos 160.000 productores recibieran 350 millones.
En un comunicado, los agricultores y ganaderos han informado de que han dirigido un escrito a la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, para que articule las medidas oportunas que posibiliten el adelanto de las ayudas de la PAC, que acaba de aprobar el Comité de Pagos Directos de la UE y que, según los cálculos de la Unión de Uniones, podrían estar disponibles a partir del 16 de octubre.
La Unión de Uniones ha indicado que el reglamento correspondiente, aún no publicado pero ya con dictamen favorable del comité, establece la posibilidad para las autoridades de los estados miembros de pagar anticipadamente a partir del 16 de octubre hasta la mitad de las ayudas directas de la PAC, siempre que se hayan realizado previamente los controles preceptivos.
En caso contrario, es decir en un calendario normal, los productores no podrían empezar a recibir las ayudas hasta el 1 de diciembre y los pagos podrían alargarse hasta el verano, ha advertido.
No obstante, la organización agraria ha admitido que la concesión de anticipos ha sido una decisión, en última instancia dependiente de la comunidad autónoma, adoptada en pasadas campañas dada la difícil situación general por la que atraviesa el sector.
En la región, son unos 160.000 los solicitantes de ayudas PAC que podrían beneficiarse de la antelación en los pagos, que podrían empezar a recibir a partir del 16 de octubre un importe aproximado de 350 millones de euros, es decir, el 50 por ciento del volumen total anual de ayudas directas de la PAC, que suman unos 670 millones de pagos directos, más otros 30 millones de euros en diferentes ayudas acopladas.
La Unión de Uniones, consciente de que movilizar el anticipo puede suponer una elevada carga administrativa, ha solicitado a la consejera que en la medida de lo posible se tramiten primero los anticipos de los agricultores a título principal, cuyas rentas dependen fundamentalmente de los ingresos generados por su explotación.