El secretario regional de CC.OO. en Castilla-La Mancha, José Luis Gil, ha dicho que no comparte el programa Empresa-Empleo «tal y como se ha presentado» y que ha propuesto a la Junta que lo modifique para que las empresas se comprometan a contratar de manera estable una vez agotados los cuatro meses del programa.
José Manuel Muñoz y José Luis Gil.
En una rueda de prensa ofrecida en Ciudad Real junto al secretario provincial del sindicato, José Manuel Muñoz, Gil ha dicho que la fórmula planteada por el Gobierno regional «supone una financiación pública para determinados empresarios, a los que se les van a subvencionar trabajadores durante tres meses sin ningún tipo de garantías de continuidad y estabilidad en la contratación».
«Este programa», ha manifestado Gil, «tendría sentido si fuera para crear empleo estable y de calidad», por lo que han propuesto a la consejería de Economía y Empleo que las empresas que se beneficien estén obligadas a contratar de manera estable una vez agotados los tres meses que les subvencionará la Junta.
En caso contrario, ha dicho, será «una mera traslación de rentas de todos a un pequeño colectivo de empresarios que contratarían gratis total en unas condiciones precarias».
Por otro lado, Gil ha reclamado la reactivación del diálogo social en Castilla-La Mancha y la participación de los agentes sociales en la elaboración del Presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014.
Sobre el aeropuerto de Ciudad Real, y a preguntas de los periodistas, Gil ha pedido al Gobierno regional «una actitud más proactiva, para reflotar una infraestructura muy importante, y que requiere compromisos colectivos, ahora que parece que hay alguna propuesta que puede poner en marcha ese proyecto para generar empleo y riqueza».
Muñoz, por su parte, se ha referido al conflicto que vive el transporte sanitario en la provincia de Ciudad Real desde que la empresa Ambuibérica se hizo con la contrata de este servicio público.
«Si no se encuentra una solución pronto, estamos abocados a una huelga en próximas fechas, para defender las condiciones laborales de las plantillas y para que se mantengan los estándares de calidad que se prestan a los ciudadanos», ha advertido.
Muñoz también ha denunciado el proceso de privatización de las residencias universitarias, «que está generando incertidumbre tanto en el servicio que va a recibir el usuario final como en las condiciones laborales de las personas que trabajan en estas instalaciones, anteponiendo los criterios económicos a los servicios sociales.»