Las matemáticas no fallan, por mucho que se empeñen en lo contrario el Gobierno y la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. Y las cuentas no cuadran. Las cuentas, en este caso, son las que nos están vendiendo sobre su propuesta para modificar el actual sistema de revalorización de las pensiones. Es como si pretendieran haber encontrado una respuesta al problema históricamente irresoluble de la cuadratura del círculo.
Si el Gobierno afirma, como viene repitiendo en los últimos días, que al modificar el sistema actual de pensiones se va a ahorrar 33.000 millones de euros en los próximos nueve años -hasta 2.022-, ¿cómo es posible que, al mismo tiempo, asegure que los pensionistas no van a perder poder adquisitivo? Mantener esta postura contraria a toda lógica es un insulto a la inteligencia. Y el Gobierno sabe que no debe insultar, y menos con tanto descaro, a la ciudadanía.
TODOS EN CONTRA… MENOS LA PATRONAL Y EL PP
Todos los partidos políticos de la oposición han criticado esa propuesta, porque hará perder poder adquisitivo a los actuales y futuros pensionistas. Esto mismo dicen los sindicatos, los especialistas en estos asuntos, muchos medios de comunicación que no son radicales de la izquierda e incluso algunos de los expertos a quienes Mariano Rajoy encargó que elaboraran un informe técnico sobre los cambios que habría que introducir en el actual modelo de revalorización de las pensiones para garantizar que éstas no correrán peligro a corto ni a medio plazo. Todos coinciden en el rechazo al proyecto presentado por el Ejecutivo, excepto el propio Gobierno, el PP y la patronal.
La ministra Báñez -la misma que dice que la reforma del mercado laboral no ha facilitado los despidos pese a que los abarató, mientras los datos demuestran exactamente lo contrario- se empeña en defender que, a partir del año próximo, la mejor fórmula para garantizar la estabilidad de las pensiones es que éstas no se incrementen en función del aumento del Índice de Precios al Consumo (IPC), como se hace ahora para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo, sino teniendo en cuenta los ingresos que recaude la Seguridad Social (que disminuirán aún más si no se crea empleo) y la esperanza de vida de los pensionistas (que aumentará y, como consecuencia, habrá que pagar las pensiones durante más años). ¿Cuál es la fórmula mágica para conseguir que se pueda pagar más dinero mensual a más pensionistas durante más años de vida y, al mismo tiempo, que se ahorren 33.000 millones de euros? Es un misterio cuya clave no tiene nadie… salvo ella y su Gobierno, según dicen.
OTRO COMPROMISO NO CUMPLIDO
Las matemáticas contradicen a la ministra. Un simple cálculo informático -como el que ha preparado elpais.com, realizado con las previsiones de inflación y de subida del IPC del propio Gobierno, que son más optimistas que las del Banco Central Europeo y otros organismos nacionales e internacionales- demuestra que quien ahora percibe 600 euros al mes de pensión perderá 66 euros mensuales en los próximos años si su pensión sólo se incrementa el 0,25 por 100, como prevé el Ejecutivo en su proyecto, y la inflación es el 2 por 100. Blanco y en botella.
A esta especie de engaño matemático que parece querer imponer el Gobierno hay que añadir algo especialmente grave: en la campaña electoral que le sirvió para ganar las elecciones en noviembre de 2011, Mariano Rajoy prometió que no iba a «meter la tijera» en las pensiones, la sanidad y la educación. En esto, como en otras tantas promesas de su programa electoral, ha hecho exactamente lo contrario de lo que prometió: ha recortado, va a seguir recortando y trata de justificarlo diciendo que se ha visto obligado a hacerlo debido a la crisis y por la lamentable situación en que Zapatero dejó a España. Todos están de acuerdo en que hay que estudiar la manera de garantizar las pensiones en el futuro, porque habrá más jubilados que cobrarán durante más años y probablemente con menos ingresos en la Seguridad Social. Pero, ¿no se le ha ocurrido a nadie del Ejecutivo buscar el ahorro en otras partidas, por ejemplo en los bancos y cajas de ahorro que han sido rescatados con dinero que pagará toda la ciudadanía y siguen ganando miles de millones?
Zapatero congeló buena parte de las pensiones en 2011. Es verdad. Y Rajoy las subió solamente el 1 por 100 en 2012, pese a que lo normal era que se hubieran incrementado en un 2 por 100, e incluso más, por la subida del IPC. Por eso suena a chiste, si no fuera un asunto demasiado serio, que el presidente del Gobierno siga todavía diciendo que él no va a «congelar las pensiones» como hizo Zapatero.
TAMBIÉN EN SANIDAD Y EN EDUCACIÓN
Lo mismo ha hecho en Sanidad, donde también ha metido la tijera incumpliendo sus promesas electorales y ganándose el rechazo de la práctica totalidad de partidos, sindicatos y organizaciones ciudadanas, tanto de derechas como de izquierda o de centro.
Tampoco ha cumplido su promesa de no tocar la educación, un terreno en el que acaba de producirse otro intento imposible de cuadrar el círculo: el ministro José Ignacio Wert ha defendido que no han bajado las becas ni las ayudas a los estudiantes ni el presupuesto para esta partida, pero al mismo tiempo acaba de presentar un informe oficial titulado Datos y cifras del curso escolar 2013/2014, en el se indica, entre otras cosas, lo siguiente: el curso pasado hubo 603.000 estudiantes menos con beca que el año anterior (una disminución del 34 por 100), más de 578.0000 niños (un 59 por 100) perdieron las ayudas para libros de texto y material escolar, otros 24.000 (3 por 100) se quedaron sin ayudas para formación y de otro tipo…
Pese a estos datos oficiales, que el propio ministro califica de reducción «muy importante» en las ayudas, Wert sigue empeñado en intentar justificarlos, dice que este año habrá más dinero y hasta se permite calificar de «política» e «injustificada» la huelga que han convocado de los sindicatos y asociaciones de padres, de profesores y de alumnos, legalmente, para protestar el próximo 24 de octubre por tanto recorte. ¿Todos están manipulados por el PSOE o por la izquierda más radical para desgastar a Rajoy y su Gobierno?
A la vista de estos tres ejemplos de recortes protestados por casi todos, cabe hacerse una pregunta: si la reforma prevista de las pensiones no encuentra prácticamente ningún apoyo, tampoco los recortes en sanidad y lo mismo ocurre con los aplicados en la enseñanza, ¿no habrá nadie en el Gobierno que piense, aunque sólo sea un momento, que quizá no tienen toda la razón cuando llevan a cabo medidas de este tipo pese a encontrarse con una oposición a ellas tan generalizada? ¿No sería mejor que, en esos casos, dialogaran más con los partidos políticos y con todos lo sectores implicados, para intentar buscar entre todos la mejor solución?
No lo hacen, aunque siempre dicen que han negociado más que nadie y con todo el mundo, y da la sensación de que en el Gobierno opinan algo así como: «¿Para qué dialogar si tengo mayoría absoluta? ¿Para qué respetar el Pacto de Toledo -en el que desde hace 18 años todos los partidos parlamentarios han debatido los asuntos relacionados con el sistema de las pensiones- si puedo aprobar medidas por decreto ley?». Mala práctica ésta, porque el diálogo es, siempre, la mejor manera de resolver cualquier conflicto y de afrontar la crisis. Esperemos, una vez más, que durante la tramitación de este proyecto en las Cortes se imponga el sentido común y no el rodillo de la mayoría.
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
Los concejales del PP en el Ayuntamiento de Toledo han pedido por escrito al alcalde, el socialista Emiliano García-Page, que reduzca el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para que sea «acorde con la realidad económica y sensible con la situación actual de los ciudadanos». En los últimos seis años, este impuesto se ha incrementado en más del 50 por 100 en la capital de Castilla-La Mancha.
Seguro que los residentes en Madrid les agradecerían mucho que animen a sus colegas de partido en el ayuntamiento madrileño a que sigan su ejemplo y pidan a la alcaldesa, Ana Botella, que también baje este
impuesto. El anterior alcalde y ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, reinstauró la tasa de basuras que años antes se había integrado en el IBI y, no contento con cobrar este impuesto resucitado, incrementó en varias ocasiones el IBI. En los últimos 10 años ha subido un 220 por 100.