«El 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, que fue declarado en 1999 en la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres celebrada en Dhaka (Blangladesh) y que eligió esta fecha por el 23 de septiembre de 1913 cuando Argentina promulgó la primera ley que se aprobaba en el mundo para defender los derechos de las víctimas de delitos sexuales y esclavitud, conocida también como la “Ley Palacios”.
Desde entonces y hasta ahora, desgraciadamente, miles de mujeres en el mundo han sido y siguen siendo explotadas sexualmente por grupos y organizaciones que constituyen verdaderas mafias en torno a este sórdido negocio que esclaviza a las mujeres bajo coacciones y amenazas.
Las cifras son escalofriantes: la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que alrededor de 2,4 millones de personas en el mundo están sujetas a la explotación como resultado de la trata de seres humanos y la trata con fines de explotación sexual, cuyas víctimas son en su mayoría mujeres y niñas, representa el 80% de los casos que se registran. Asimismo y según la misma fuente, este negocio es uno de los más lucrativos después del tráfico de armas y el tráfico de drogas, con unas ganancias que alcanzan entre los 8 y 10 mil millones de dólares al año.
En Europa se calcula que alrededor de 100.000 mujeres y niñas entran cada año en los distintos países de nuestro continente como víctimas de trata con fines de explotación sexual, muchas de ellas procedentes de zonas rurales, bajo el engaño de conseguir un trabajo que luego no existe, viéndose obligadas a ejercer la prostitución para saldar la deuda que han contraído o incluso para salvar su vida o la de sus familias.
En España, en los últimos años, desde el Gobierno y desde los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se ha hecho un esfuerzo muy notable para acabar con estas mafias y grupos organizados y con esta actividad delictiva que atenta contra los derechos humanos, que es otra forma de violencia contra la mujer y que es considerada la esclavitud del siglo XXI.
Este esfuerzo y este compromiso se transforma en cifras esperanzadoras ya que si en 2009 los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado detectaron 6.157 personas en situación de riesgo, en los primeros seis meses de este año 2013 se ha detectado a 7.114 mujeres en riesgo de ser víctimas de trata de explotación sexual. En este sentido, es importante también destacar que la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en estos seis primeros meses de 2013 ha supuesto la instrucción de 145 atestados policiales; la desarticulación de 31 grupos criminales, de los que 14 estaban vinculados con la trata y 13 con la explotación sexual y la detención de 446 personas: 156 por trata y 290 por explotación sexual.
El firme compromiso del Gobierno del Partido Popular, a través del Ministerio del Interior, para acabar con este atentado contra la dignidad de las mujeres se ha plasmado también a través del primer Plan Policial de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual que se ha encuadrado en el Plan Estratégico del Cuerpo Nacional de Policía para 2013-2016 y que contempla medidas específicas dirigidas tanto a la detección e identificación de las posibles víctimas como a los demandantes de los servicios derivados de la explotación sexual y a las bandas que se dedican a estas actividades ilícitas.
Pero el compromiso del Gobierno frente a esta esclavitud no se centra tan sólo en la actuación policial contra estas bandas que, gracias a esa actuación, tienen cada vez más dificultades para operar en España, sino también en algo tan fundamental como atender a las víctimas y eso es lo que ha hecho el Gobierno de España que, entre otras medidas, ha potenciado el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual y ha mejorado la asistencia jurídica a las víctimas incluyendo a las víctimas de trata con fines de explotación sexual en la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, por lo que las víctimas no tienen la obligación que sí existía hasta ahora de acreditar que no tienen medios para costear el proceso y, por tanto, tienen derecho a la asistencia de un abogado de forma gratuita a lo largo de todo el proceso.
En este ámbito de la asistencia cabe destacar que a lo largo del año 2012, la Administración y las organizaciones sociales contactaron con 34.532 mujeres en situación de riesgo. De ellas, 5.898 mujeres recibieron atención y 1.317 de las mujeres atendidas presentaron signos de trata con fines de explotación sexual o de explotación sexual y se interpusieron 197 denuncias, la mayor parte de ellas presentadas por mujeres de entre 18 y 25 años e incluso 13 de ellas eran menores de edad. El miedo sigue siendo, sin lugar a dudas, la causa principal de que muchas de las víctimas no se atrevan a denunciar, por lo que la asistencia y la seguridad de las víctimas siguen siendo los pilares fundamentales en los que seguir trabajando para que estas mujeres, que han visto rotas sus vidas, puedan salir de ese miedo que las atenaza y recuperar la esperanza en un futuro mejor, en libertad y sin ser explotadas».
Carmen Quintanilla Barba es presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados y presidenta nacional de Afammer.