Cualquiera que sea nombrado presidente o presidenta del Congreso de los Diputados sabe que, a partir de ese momento, deja de defender los intereses particulares de su partido político y pasa a representar a los 350 diputados que integran la Cámara Baja, a todos y todas por igual, con independencia de la formación política a la que pertenezcan. Esto lo sabe cualquiera excepto, a juzgar por los hechos, la actual vicepresidenta del Congreso, la polémica y temperamental diputada del PP Celia Villalobos.
El martes 24 de septiembre, en el Pleno, dio buena muestra de esa ignorancia, a pesar de su ya dilatada experiencia como parlamentaria. Los diputados de IU-ICV-CHA intentaron utilizar sus intervenciones desde la tribuna de oradores -cuando se debatía una propuesta del PNV sobre la reforma del Reglamento que regula el funcionamiento del Congreso- para denunciar que la Mesa del Congreso les impide discutir una moción suya y otra del PSOE referidas a las explicaciones que ha dado Mariano Rajoy en el Parlamento sobre el llamado «caso Bárcenas«. Ambos grupos dicen que el presidente del Gobierno «ha mentido», según deducen de lo que después de su intervención parlamentaria declaró ante el juez la «número dos» del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal.
UNA METEDURA DE PATA
El martes último, mientras sustituía a Jesús Posada en la Presidencia del Congreso y dirigía la sesión plenaria, la diputada Villalobos no pudo evitar que se le calentara la boca y le espetó al diputado Chesús Yuste (de Chunta Aragonesista, integrado en el grupo de IU-ICV-CHA) lo siguiente: «A ver si lo aplica usted en Andalucía». «Estamos hablando de las aplicaciones del Reglamento. En Andalucía también. En Andalucía también, también», repitió con insistencia ante un sorprendido diputado por Zaragoza que no tiene que ver nada con Andalucía desde un punto de vista parlamentario. Era, de nuevo, el recurso fácil, lamentable e inútil al «y tú más» que tanto utilizan el PSOE y el PP.
Su desafortunada referencia al Parlamento autónomico andaluz provocó protestas a gritos de muchos diputados y una pregunta inmediata del socialista Eduardo Madina: «Usted acaba de hacer un papelón. Me gustaría que a mi grupo le explicara qué quiere decir la palabra Andalucía en la conducción de un debate sobre la modificación del Reglamento» del Congreso de los Diputados, no del Parlamento andaluz, preguntó.
Celia Villalobos intentó justificar su exabrupto diciendo que, al haber sido acusada en voz alta de que en el Congreso no dejan libertad a los grupos políticos, pedía que esa misma exigencia se aplique en el Parlamento andaluz -donde gobierna el PSOE en coalición con IU-, porque acababa de leer en un periódico que esa mayoría de izquierdas, allí, acababa de rechazar una propuesta de la minoría del PP, su partido. Pidió disculpas cinco veces seguidas a los diputados socialistas por haber nombrado a Andalucía en un debate en el que no venía a cuento.
EL «RODILLO» DE LOS VOTOS
Posiblemente lo menos importante en esta bronca parlamentaria, una más de las habituales y hasta cierto punto lógicas en el Congreso de los Diputados, es esta nueva metedura de pata de la vicepresidenta Villalobos, una más. Lo preocupante de verdad es la utilización que en este caso, como en muchos otros debates, ha hecho el PP de la mayoría absoluta que tiene en la Cámara Baja porque así lo votó la ciudadanía en las elecciones generales de noviembre dce 2011. El PSOE hizo lo mismo en su día, pero ahora hay que hablar del Partido Popular porque es el que está en el Gobierno. Es lo que se conoce como «el rodillo» de la mayoría absoluta, que siempre es negativa cuando se utiliza para imponer y no para consensuar. En ambos casos hay que denunciarlo, aunque sea una denuncia reiterada.
Se trata de una cuestión de técnica parlamentaria, pero es fácil de comprender. La semana pasada, el PSOE e IU defendieron en el Pleno sendas «interpelaciones» en las que pedían explicaciones al presidente del Gobierno porque consideran que ha mentido en el Parlamento cuando ha hablado sobre el «caso Bárcenas», el escándalo de corrupción política que más daño está haciendo al Partido Popular en toda su historia.
El Reglamento de la Cámara Baja establece que, tras una interpelación, en el Pleno siguiente se debate y vota una «moción consecuencia de interpelación» -así se denomina- sobre el mismo asunto. Pero la Mesa del Congreso, el órgano que decide si los temas que plantean los distintos partidos para debatir en el orden del día son admitidos o no, acordó sorprendentemente que esas dos mociones no tenían cabida en el Pleno de esta semana. Y saltó el escándalo.
SIN ARGUMENTOS PARA JUSTIFICARLO
El presidente, Jesús Posada, pidió a lo servicios jurídicos del Congreso que le dijeran en un informe técnico los argumentos que tiene para poder rechazar esas dos mociones. Pero los juristas de la Cámara, cuyo prestigio todos reconocen, le han respondido que no existe ningún argumento ni en el Reglamento ni en la jurisprudencia, ni tampoco precedentes en el Congreso, para rechazar que después de una interpelación sea debatida en el Pleno una moción sobre el mismo asunto, tal y como establece el Reglamento.
Probablemente debido a esa respuesta de sus servicios juríodicos, Jesús Posada declaró posteriormente que está convencido de que tanto el PSOE como IU-ICV-CHA encontrarán la manera de presentar sus mociones con otra redacción para que puedan ser debatidas en el próximo Pleno. Dicho en cristiano: que no puede negarles su derecho a presentar esas mociones y, por tanto, ha abierto la puerta a que las presenten de nuevo pero les pide algunos «retoques» en la redacción. Más claro todavía: que el PP, empeñado en mantener totalmente separado a Mariano Rajoy del «caso Bárcenas», algo que parece bastante imposible, no podrá impedir que este asunto sea discutido y votado en el Pleno del Congreso. Y nadie debería asustarse por ello, ni tampoco intentar proteger al presidente de un debate parlamentario, porque en un sistema democrático la transparencia y los debates por parte de los representantes de la soberanía popular son absolutamente imprescindibles. ¿O no?
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
Una de las primeras cosas que enseñan a los periodistas en la Universidad es que las opiniones son libres, pero los hechos son indiscutibles. Aunque esto parece algo de sentido común, los políticos del PP y el PSOE en Castilla-La Mancha parecen no entenderlo.
Algo va mal cuando el consejero de Educación, Marcial Marín, ofrece unas cifras oficiales sobre el número de alumnos que han participado en los cursos de verano de promoción incluidos en el programa «Abriendo caminos» y la diputada regional del PSOE Blanca Fernández le acusa de «engordar» esa cifra en plan triunfalista y de mentir. ¿Tan difícil es sumar los alumnos que han participado en los 18 centros de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) que imparten esos cursos?