UGT ha presentado seis folios de alegaciones al proyecto del futuro complejo hospitalario de Toledo, entre las que destaca la reducción del número de camas hospitalarias por debajo del actual «Virgen de la Salud» o el sobrecoste para las arcas públicas de 663 millones de euros, con el nuevo modelo propuesto de financiación privada.
Según ha informado la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT en Castilla-La Mancha en una nota, el escrito de alegaciones se ha dirigido al consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, y a la directora general de Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Amparo Carrión.
Y, en él, se expresa la disconformidad de UGT con el propio modelo de financiación y con aspectos de las funciones, de las prestaciones, del ámbito económico, de las competencias atribuidas a la concesionaria y sobre la doble gerencia que gestionará el centro hospitalario.
En los aspectos funcionales, FSP UGT critica que la disminución del número de camas en el nuevo Hospital de Toledo con respecto al actual del Virgen de la Salud «no parece congruente» e «hipoteca el futuro del área sanitaria de Toledo, dado que mantiene en este anteproyecto el mismo número de camas hospitalarias que en 1974, con una población que era la mitad de la actual aproximadamente».
En este apartado añade que «de la lectura del anteproyecto se desprende que el Hospital Nacional de Parapléjicos pasará a formar parte del Complejo Hospitalario de Toledo, perdiendo su actual autonomía», lo que, a juicio de UGT, puede poner en riesgo el futuro del centro de referencia de lesionados medulares.
DICEN QUE ES FAVORABLE PARA LAS EMPRESAS PRIVADAS
Desde la vertiente económica se alega que «las condiciones económicas son muy favorables para las empresas privadas», con una TIR (tasa interna de retorno) superior en un 39 por 100 a la que figura en el documento del anteproyecto.
Sin embargo, argumenta la FSP-UGT, el «sobrecoste» para las arcas públicas será de 663 millones de euros, en comparación con el gasto que se originaría si el proyecto fuese realizado directamente por la administración pública.
Sobre las competencias que el anteproyecto atribuye a la concesionaria, UGT califica de «excesivo» que tenga la potestad de validar el inventario actual de todos los centros hospitalarios de Toledo para determinar las necesidades del futuro equipamiento tecnológico y asistencial, al tiempo que considera «rechazable» la incertidumbre sobre el denominado «Edificio A», sin uso asignado.
El hecho de que vaya a haber dos gerentes, «con intereses diferentes y contrapuestos, uno exclusivamente económico (el concesionario) y otro exclusivamente asistencial, es otro aspecto sobre el que alega la FSP-UGT.
Del mismo modo critica que, «al operar todos los servicios con un único concesionario, los servicios no asistenciales se gestionarían en régimen de monopolio y quien tendrá la sartén por el mango será el concesionario», si bien «no es identificable cuál es la aportación que hace el concesionario al proyecto, cuando quien se endeuda es Gicaman».