El portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Cañizares, ha defendido la Ley de medidas complementarias al Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos del Gobierno regional «que servirá para cuadrar las cuentas que nos han dejado 30 años de gestión ineficiente, incongruente y disparatada del PSOE». Así, ha lamentado que la situación de Castilla-La Mancha sea la que ha generado el PSOE «con políticas de falta de criterio en la gestión de lo público, despilfarro y sin asumir responsabilidades en los momentos de crisis».
Cañizares ha pedido al PSOE que apoye la Ley de medidas complementarias al Plan de Garantía, manifestando que los socialistas en el Gobierno, lo que hacían ante una situación de crisis era «crear organismos o instituciones para colocar a cargos socialistas cobrando del dinero de todos los castellano-manchegos y esperando a que pasaran los problemas por sí solos, pero el PP quiere conseguir que las cuentas públicas destrozadas por una gestión ineficiente, incongruente y disparatada del PSOE empiecen a cuadrar».
Según ha manifestado el dirigente popular, «lo que no se van a tocar en ningún caso son los derechos de los castellano-manchegos, que están garantizados, pero sí la forma y la estructura de un Gobierno regional disparatado, para mantener cargos socialistas por doquier, poniendo en peligro con este despilfarro el Estado del Bienestar».
De este modo, ha pedido al PSOE «que ha gobernado 28 años en Castilla-La Mancha y en España hasta hace poco más de un mes y solo ha dejado agujeros, descontrol y mentiras en las cuentas públicas, que trabajen para cuadrar sus cuentas, que tienen un déficit desorbitado, somos la comunidad peor gestionada y hay que deshacer el camino de la ruina, por el que han andado los mismos que ahora critican al Ejecutivo autonómico», ha concluido.
EL PSOE PRESENTARÁ UNA ENMIENDA A LA TOTALIDAD CONTRA LOS PLANES DE RECORTE
Por su parte, el portavoz socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha anunciado en rueda de prensa que el Grupo Socialista va a presentar una enmienda a la totalidad en la que pide la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley con el que Cospedal modifica hasta 12 leyes autonómicas para aplicar gran parte de sus dos planes de recortes.
Guijarro ha informado de que en caso de ser rechazada la enmienda a la totalidad, el PSOE pondrá encima de la mesa otras 55 enmiendas parciales al articulado del texto remitido por el Gobierno.
El portavoz socialista ha dicho que «lo mejor que puede hacer la señora Cospedal es hacer caso de lo que están diciendo organismos con el FMI o el presidente de las Cortes, Vicente Tirado, y retirar esta Ley porque solo con recortes y más recortes no solo no va a mejorar la situación económica, sino que va a haber más recesión y más paro».
Guijarro ha insistido en que este proyecto, como los dos planes de brutales recortes en los servicios sociales, son un camino «absolutamente equivocado, porque paralizan la actividad económica, con lo que caerán los ingresos y tendremos más déficit, y, por el camino, desmantelan jurídicamente el estado del bienestar que habíamos construido con mucho esfuerzo en Castilla-La Mancha».
«El proyecto de Ley cambia 12 leyes de las cuales, ocho tienen menos de dos años, y varias de ellas, como la Ley de Servicios Sociales o la Ley de Familias numerosas, se aprobaron por unanimidad, con el voto a favor del PP, en las Cortes de Castilla-La Mancha en diciembre del año 2010». «Y entonces ya había crisis, y entonces los portavoces del PP decían que estas leyes eran buenas y necesarias», ha sostenido el dirigente del PSOE.
Entrando en concreciones, Guijarro ha señalado que el texto normativo aumenta la jornada laboral y rebaja el sueldo de los empleados públicos de Castilla-La Mancha. «Y grava la enfermedad. Por primera vez en la historia, Cospedal le baja el sueldo durante los primeros 20 días de una baja a los trabajadores de la Administración que caigan enfermos».
En Educación, permite el cierre de muchos centros públicos del medio rural en el que no haya una ratio determinado de alumnos, y se carga la gratuidad de los libros de texto, el transporte y los comedores escolares.
Los servicios sociales los retrotrae, a juicio de Guijarro, «a la beneficencia que conocíamos en los años 60 y 70. Deja a la decisión de la administración lo que hasta ahora eran derechos subjetivos de colectivos como viudas, discapacitados o mayores e incrementa el copago en servicios como la teleasistencia o la ayuda a domicilio».