La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha afirmado que no va a desalojar a aquellas familias que tengan alquiladas viviendas de protección oficial y que no hacen frente a las mensualidades porque no pueden pagar y ha recordado que existe un decreto por el que pueden pedir un aplazamiento de deuda.
Fuentes de la Consejería de Fomento ha respondido, en declaraciones a Efe, de la denuncia realizada por el PSOE regional de que el Gobierno regional ha iniciado el proceso de «desalojo» de 226 familias de la región que ocupan viviendas de promoción pública por los continuos impagos.
Estas fuentes han insistido en que el hecho de que la Junta haya remitido una carta informando a los inquilinos que no pagan del montante de la deuda «no significa que se les vaya a desalojar» y, de hecho, han señalado que en la propia misiva se les indica que existe un decreto de la Consejería de Fomento que permite solicitar un aplazamiento de la deuda.
Esta carta supone, tal y como han indicado estas fuentes, «un filtro» para poder distinguir entre los inquilinos que no pagan la mensualidad a pesar de que tienen ingresos de aquellos que «realmente no pueden pagar».
NO SE LES VA A DESAHUCIAR
«Se está protegiendo a los ciudadanos que no pueden pagar» han reiterado estas fuentes, que han destacado que a estas familias no se les va desahuciar.
En cambio, han defendido que si los ciudadanos que no pagan las viviendas de protección oficial «porque no quieren» dejan de ocuparlas, estas casas podrán ser habitadas por familias que lo necesitan.
En concreto, han indicado que hay familias que tienen impagos de hasta 60 meses una cuota de 60 euros y que, en otros casos, hay algunas viviendas que están vacías a pesar de que están adjudicadas.
Por todo ello, la Consejería de Fomento ha insistido en que la carta mandada a los inquilinos morosos tiene como finalidad informar de que existe una deuda y de que tienen la posibilidad de pedir un aplazamiento.