El alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, va a comenzar esta semana los contactos con los técnicos municipales y representantes políticos, empresariales y vecinales para estudiar las inquietudes de estos colectivos y determinar las mejores medidas fiscales, respetando siempre la suficiencia económica del Ayuntamiento y el sostenimiento de los empleos públicos y los servicios municipales.
El portavoz del equipo de Gobierno, Rafael Perezagua, que ha comparecido en rueda de prensa acompañado de la concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Toledo, Paloma Heredero, ha explicado que el objetivo del equipo de Gobierno para los Presupuestos del año próximo pasan por respetar los límites que marca el Estado en cuanto a estabilidad, techo de gasto y principio de equilibrio.
En cumplimiento del marco legislativo, el Gobierno local apuesta por mantener la suficiencia económica del Consistorio con el mismo nivel de ingresos para que no se produzca una merma ni en los servicios públicos ni en las plantillas que los realizan de manera directa o indirecta a través de concesiones (transporte público, limpieza, saneamiento etc).
CONTENCIÓN DEL IBI
La segunda premisa que maneja el equipo de Gobierno es procurar una minoración de la presión fiscal a los ciudadanos, para lo que, como ha anunciado el alcalde, se reducirán impuestos y tasas como la de recogida de residuos, la ORA o plusvalías, a la vez que se buscará la contención en el caso del Impuesto de Bienes Inmuebles.
Sobre este impuesto, que será objeto de análisis en las reuniones del alcalde, la propuesta inicial del equipo de Gobierno es aplicar el tipo de gravamen más reducido, que pasaría del 0,42 al 0,40. No obstante, atendiendo a las inquietudes de diferentes colectivos, también se plantea la aplicación del coeficiente reductor del valor catastral (0,73 por 100).
Como se recoge en algún informe municipal, esta medida del coeficiente reductor que pone el Gobierno central a disposición de los ayuntamientos, lleva aparejada, según dicho informe, un incremento del tipo de gravamen, que está por determinar, y supondría una minoración de ingresos asumible para el Ayuntamiento.
Perezagua ha explicado que es el momento de estudiar entre todos cuál es la mejor opción para la ciudad y ha recalcado que el equipo de Gobierno parte con el mantenimiento del empleo y de los servicios públicos como principal premisa y con la predisposición de tomar una decisión consensuada que mantenga la suficiencia económica del Ayuntamiento.
EL IMPACTO DE SUPRIMIR LA PAGA EXTRA A LOS FUNCIONARIOS
«No queremos seguir el ejemplo de María Dolores de Cospedal o del Ayuntamiento de Madrid, que han optado por despedir a gente o reducir servicios como la recogida de basura, nuestro modelo es otro», ha dicho el portavoz, quien ha recordado que la incidencia del IBI es menor si se compara con decisiones como suprimir la paga extra a los funcionarios «lo que supuso que dejasen de circular por la ciudad alrededor de 20 millones de euros».
En cualquier caso, como ha afirmado la concejal de Hacienda, el equipo de Gobierno va a insistir, independientemente de la medida que adopte con respecto al IBI, en la necesidad de realizar una revisión general de los valores catastrales, para distribuir así las cargas de una manera más justa.
Paloma Heredero ha remarcado el compromiso de Emiliano García-Page con este procedimiento, ya que ha sido el primero en dirigirse a la Gerencia del Catastro para solicitar la revisión general para obtener una valoración acorde con los niveles del mercado actual.