La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha anunciado que el Gobierno regional trabaja en la elaboración de una nueva ley para la protección de la infancia y la adolescencia, que abordará temas como el uso de las redes sociales, las adicciones o la violencia intrafamiliar.
SI NO PUEDE VER LA GALERÍA DE FOTOGRAFÍAS, PINCHE AQUÍ
Cospedal ha realizado este anuncio durante la clausura de la Jornada Profesional sobre Protección Jurídica de la Infancia y la Adolescencia y está previsto que esta ley sea aprobada por el Consejo de Gobierno a finales de octubre y a continuación comenzará el trámite parlamentario.
El carácter multidisciplinar de la futura norma ha sido uno de los aspectos resaltados por la presidenta, quien ha destacado que se atenderá al menor «desde todos los ámbitos», es decir, desde el punto de vista sanitario, social, jurídico, del ejercicio de sus derechos y libertades, pero también de cuáles son sus obligaciones y, además, diferenciará entre un niño y un adolescente.
Cospedal ha indicado que esta nueva norma, que actualizará la ley en vigor que tiene 14 años de antigüedad, también tendrá un carácter moderno, como por ejemplo en el ámbito tecnológico, ya que regulará el acceso de los menores a las redes sociales, tanto en el horario lectivo como a la hora de trasladar a las familias la necesidad de cuidado y atención en este punto.
Esta futura ley buscará ofrecer «una mayor protección jurídica y social al menor» en las situaciones de riesgo y desamparo, que ya están contempladas en la normativa en vigor y que «tiene unos procedimientos que a lo mejor hay que mejorar» y en aquellas situaciones «a veces nuevas y a veces no tanto», pero que en la actualidad se están revelando como «auténticos problemas sociales».
El maltrato de hijos a padres, las adicciones, la rebelión frente a la autoridad de todo tipo de determinados menores son algunos de estos aspectos que también regulará la futura ley, que asimismo recogerá la atención de las menores embarazadas a cargo de la administración y la mediación familiar, en la que se incluyen las familias de acogida y adopción.
«No se trata de controlar más a los menores, sino de dar la protección jurídica y social que necesitan y que no encuentran a veces porque no se sabe cómo ofrecerse», ha asegurado Cospedal.
En este sentido, ha destacado la participación en estas jornadas de fiscales, jueces y también representantes académicos y universitarios y ha afirmado que las conclusiones de esta jornada se tendrán en cuenta a la hora de redactar el texto final.
La clausura de las jornadas, que también ha contado con la presencia del consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, del fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, José Martínez Jiménez, y del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco.
Rouco se ha mostrado confiado en que las aportaciones de las jornadas hayan servido, en la medida de lo posible, para el propósito de actualizar el marco normativo en una materia que desde su punto de vista requería de una actualización y una adaptación a la realidad del tiempo actual.
Así, ha señalado que la violencia intrafamiliar, la protección de menores en el ámbito educativo, las nuevas tecnologías y su incidencia «inquietan y causan preocupación», por lo que ha apostado por tener actualizado el marco jurídico.
Por otro lado, y tras recordar que el Gobierno regional no tiene competencias en materia de justicia, ha reivindicado que «la justicia necesita medios» y ha lamentado que Castilla-La Mancha sólo cuenta con un juzgado especializado exclusivo de violencia sobre la mujer y con un juzgado de familia.