La secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT CLM, Carmen Campoy, ha calificado de «cobro de impuesto revolucionario» el que quieren aplicar los gerentes del Sescam a trámites administrativos «habituales y necesarios» como solicitar un informe de salud o la copia de un documento clínico, lo que «demuestra el afán recaudatorio de quienes nos gobiernan».
UGT CLM ha revelado que el Sescam, a través de sus gerentes, ha emitido notas interiores a los coordinadores de los equipos de Atención Primaria y responsables de las Unidades Administrativas, especificando el obligado cumplimiento del pago de la «pertinente tasa» ante multitud de trámites, apelando a la aplicación de la Ley de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el 1 de diciembre de 2012, que no ha caído en el olvido.
Según informa el sindicato en nota de prensa, en esas instrucciones se da orden de cobrar a los «pacientes» por emitir un informe o realizar multitud de trámites «que muchas veces son obligatorios y necesarios para las personas que los demandan», señala Campoy, «como por ejemplo solicitar un informe oficial de salud, un informe de bienestar social o un informe de Dependencia (que costarán desde ahora cinco euros por ejemplar), así como pedir copia de un documento clínico (desde ahora 0,05 euros por folio o tres euros en soporte digital).
La compulsa de documentos, que hasta ahora era gratuita, «ya que nadie compulsa documentos por el puro placer de solicitarlo» -señala Carmen Campoy- pasa a costar 0,20 euros por hoja compulsada, mientras que la emisión de una tarjeta sanitaria individual, solicitada por rotura o extravío, pasará a costar 10 euros.
Según la responsable de FSP UGT CLM «dichas tasas se unen al incremento del copago farmacéutico y la próxima implantación del pago del 10 por 100 de determinados productos farmacéuticos en farmacia hospitalaria, junto a cambios en la condición del asegurado que han dejado sin asistencia sanitaria gratuita a multitud de usuarios».
Desde FSP UGT CL M «consideramos que la administración regional ahora se dedica a traficar con la información personal de los usuarios, porque olvida que la información de salud o la información social no es propiedad del Sescam, ni de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, ni del médico de familia, ni del trabajador social, ni de nadie.