El Gobierno de Castilla-La Mancha, con Emiliano García-Page a la cabeza, se ha reunido con representantes de entidades bancarias en la región conocer sus posturas en torno a la «Ley Antiokupación». Los representantes del Gobierno regional han avanzado que han propuesto la creación de una «Fiscalía Antiokupación».
La fiscalía que pretende plantear Castilla-La Mancha busca «unificar» los criterios y los trámites para actuar contra la okupación de viviendas con el mismo planteamiento en toda España.
Del mismo modo, el consejero de Fomento de la Junta de CLM, Nacho Hernando, ha avanzado que se va a «elaborar un protocolo para definir los interlocutores» que mediarán entre las entidades financieras, la SAREB y las comunidades autónomas. Hernando también ha adelantado que quieren reunirse con los fondos de inversión para que las «viviendas vuelvan al mercado».
La «Ley Antiokupación» de CLM
Castilla-La Mancha aprobó la primera ley contra la «okupación ilegal» en España. Ahora, el Gobierno castellanomanchego ha elevado la ley al Gobierno de España para que la norma se aplique en todo el territorio español. Aún no ha habido respuesta por parte del Ejecutivo de Sánchez, pero la región sigue dando pasos para asegurar la viabilidad y contar con más actores en el proceso de aplicación.
La ley endurece las penas cuando se ocupa una vivienda, agiliza los procesos judiciales para el desalojo e impide los empadronamientos de las personas que ocupen domicilios.