jueves, 28 de noviembre de 2024
Reunión con Arias Cañete 16/10/2013junio 12th, 2017

El Gobierno y las cinco CCAA dependientes del Tajo han alcanzado un acuerdo para garantizar las necesidades de las cuencas y que impedirá el trasvase de agua si la reserva es menor a los 400 hm3, en vez de los 240 actuales, un pacto con el que pretenden poner fin a las históricas disputas en torno al trasvase.

En rueda de prensa, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha afirmado que este consenso pone fin a las disputas políticas en torno al agua, asegurará la sostenibilidad del sistema y, además, tendrá rango de ley.


En definitiva, ha dicho, «se coloca blanco sobre negro para que sea desde el criterio técnico, científico y riguroso como se hagan las cosas, con absoluta transparencia y evitar decisiones cuando llegan elecciones, favoreciendo a un gobernante de un territorio» sobre otro.

El ministro ha hecho este anuncio junto al vicepresidente de Valencia, José Ciscar; la consejera de Fomento y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada; el consejero de Agua de Murcia, Antonio Cerdá; el de Agricultura y Medio Ambiente de Extremadura, José Antonio Echavárri, y el de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, todos ellos del PP.

El acuerdo está recogido en ocho enmiendas a la Ley de Evaluación Ambiental, que el grupo popular registró anoche en la Cámara baja.

Así, la reserva mínima de 400 hectómetros en la cabecera del Tajo para empezar a trasvasar se alcanzará de forma escalonada en los próximos cinco años, a razón de 32 hectómetros anuales.

Hasta la fecha, la media a trasvasar era de 350 hectómetros cúbicos, pero con este pacto y en función de las circunstancias (lluvias), la cantidad oscilará entre 350 y 600 hectómetros cúbicos.

Una vez que se aprueben todos los planes de cuenca -actualmente solo 13 están aprobados- se sentarán las bases del futuro plan hidrológico, cuyo horizonte temporal ha situado el ministro para después de la primavera de 2014.

Las obras de dicho plan se elevarán en torno a los 30.000 millones de euros, ha añadido el ministro.

«Se empezará con una hoja en blanco, no partiré de priorismos políticos como hizo el Gobierno socialista», ha dicho Arias Cañete, que ha informado que el Plan del Ebro irá al Consejo de Ministros en el mes de noviembre.

En la rueda de prensa, el consejero de Murcia, Antonio Cerdá, ha señalado que con este pacto «no hay vencedores ni vencidos», aunque «todas las partes», en aras del consenso, han tenido que renunciar a algunas cuestiones.

En la misma línea el vicepresidente del Gobierno de Valencia ha subrayado que este consenso permitirá que no pierdan los de siempre, «como ocurría antes en materia de agua», y «ahora ganemos todos».

Tras recordar el déficit estructural de agua en la comunidad valenciana, Ciscar ha explicado que de esta manera se da seguridad y estabilidad al trasvase Tajo-Segura, del que dependen en su región más de 100.000 empleos y el 6 por 100 de la exportación hortifrutícola del país sale de aquí.

Por su parte, García de la Calzada, de Castilla-La Mancha, ha recalcado que una vez cubiertas las demandas debe prevalecer el principio de solidaridad interterritorial, y al igual que el resto de consejeros ha indicado que la planificación hidrológica no sólo es necesaria sino obligada.

Echávarri, de Extremadura, se ha mostrado convencido de no habrá más conflictos en torno al trasvase del Tajo-Segura, gracias a que ahora tendrá una regulación clara con rango de ley, mientras que el consejero de Madrid, Salvador Victoria, ha dicho que el consenso permitirá pasar de la confrontación a la vertebración nacional.

Se trata «de que todo el mundo sepa cómo, cuándo y qué, y que no interfiera lo político», ha resumido el ministro.

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