Cuando alguien -incluyendo en ese «alguien» a los miembros del Gobierno– se empeña en mantener contra viento y marea algo que ha dicho, aunque se demuestre que es falso o que contiene datos erróneos, está claro que se equivoca. ¿Por qué, entonces, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría no quiere reconocer que ella se equivocó el viernes 9 de octubre, cuando acusó a más de medio millón de parados de estar defraudando a la Seguridad Social porque, según dijo, cobraban el subsidio de desempleo y al mismo tiempo trabajaban?
Ese día, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta afirmó que en los primeros 18 meses del Gobierno del PP han descubierto 520.000 casos de fraude, lo que significaría que casi el 20 por 100 de quienes cobran ese subsidio están defraudando. El Ministerio de Empleo aclaró después que, en realidad, a la gran mayoría de ese medio millón de personas le han retirado un mes el dinero que percibían como subsidio de desempleo porque habían cometido alguna infracción administrativa -como no acudir a sellar la papeleta del desempleo el día que debían hacerlo, no presentar algún documento…-, pero que la retirada de toda la prestación se aplicó únicamente a unos cuantos miles de parados.
DONDE DIJE FRAUDE AHORA DIGO SANCIÓN
A pesar de que los datos oficiales demuestran su equivocación, el miércoles 16 de octubre, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, la vicepresidenta no reconoció su error ni tampoco rectificó y pidió disculpas a los parados, como reclamaba Soraya Rodríguez, portavoz del PSOE. Se limitó a decir que el Gobierno cumple la ley y combate el fraude -¡faltaría más!- y reprochó a su interlocutora que tuviera la «osadía» de hablar de fraude laboral cuando una juez está investigando en las filas socialistas «el mayor fraude laboral de la historia de la democracia», en referencia al caso de las presuntas irregularidades cometidas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) en Andalucía durante el anterior gobierno autonómico.
¿Y qué tiene que ver la velocidad con el tocino, es decir, esa investigación judicial por unas presuntas actuaciones ilegales -que son totalmente criticables y rechazables, por supuesto, y que la Justicia debe aclarar y condenar a quien corresponda- con un error que cometió la vicepresidenta al ofrecer unos datos inexactos? El miércoles 16 Sáenz de Santamaría ya no habló de más de medio millón de «defraudadores» sino que se refirió a esas personas como el número total a las que se ha impuesto alguna «sanción» por distintas infracciones. Algo así como «donde dije digo ahora digo diego».
LA MINISTRA BÁÑEZ, POR LOS CERROS DE ÚBEDA
Tampoco dio una explicación la ministra de Empleo, Fátima Báñez, cuando fue preguntada por el líder de Izquierda Unida, Cayo Lara. Igual que la vicepresidenta, se fue por los cerros de Úbeda y respondió con afirmaciones que nadie discute: que hay que respetar la ley, que el fraude es muy perjudicial para todos… Algo así como aquél a quien preguntaron «¿dónde vas?» y respondió «manzanas traigo». Pero si la pregunta era muy sencilla y muy directa: ¿por qué ha acusado la vicepresidenta de defraudadores a más de medio millón de desempleados cuando ese dato no es cierto?
Ese mal hábito de resistirse a reconocer las equivocaciones también lo practica el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En el Pleno de la semana anterior dijo, sin ruborizarse, que los salarios no han bajado en España sino que, bien al contrario, están «creciendo moderadamente».
TODOS DESMIENTEN A MONTORO
Montoro, con el habitual tono prepotente e incluso un poco de la chulería que suele emplear en sus respuestas a la oposición, provocó las risas de muchos diputados cuando respondió con esa frase a Cayo Lara e incluso se brindó a explicarle con una pizarra electrónica que «no es lo mismo caer que moderar el crecimiento». Desde su Ministerio intentaron después corregir esa metedura de pata, con el argumento de que el ministro se refería a los convenios colectivos firmados en 2013. Pero eso no se lo cree nadie, sencillamente porque el número de convenios firmados en lo que va de año es escaso y representan poco en el total de los ciudadanos que trabajan. La realidad dice lo contrario que el titular de Hacienda: muchas empresas han despedido a centenares de miles de trabajadores, aprovechando que el Gobierno de Zapatero y el de Rajoy han abaratado notablemente el coste de los despidos, y otras han negociado importantes rebajas de los salarios, tanto las privadas como para los empleados públicos.
Esas desafortunadas palabras de Montoro fueron corregidas después por el presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell, nada sospechoso de ser un radical de izquierdas; las matizó la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, quien afirmó que el Gobierno es consciente de que hay «muchísimos españoles que han perdido su empleo y otros muchos que han visto ajustados o reducidos sus salarios para evitar el despido de otros», y las criticaron por todas partes: los sindicatos, todos los grupos de la oposición, los empleados públicos… Incluso Mariano Rajoy había dicho lo contrario pocos días antes, durante su visita oficial a Japón, donde pidió a los empresarios de aquel país que inviertan en España porque aquí han bajado los salarios y ahora somos mucho más competitivos.
Por eso no se entiende que todavía no haya salido a reconocer que se equivocó. El refranero popular dice que «rectificar es de sabios», pero al Gobierno parece que no le gusta ese refrán.
ANA MATO Y LAS PENSIONES
Un ejemplo más, el último por hoy, de declaración equivocada desde el Ejecutivo: la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la controvertida Ana Mato, ha reiterado en la misma sesión del Congreso una frase que tanto dicen en el PP y en el Gobierno a pesar de que no responde a la realidad: «El único que recortó las pensiones a los mayores ha sido el Partido Socialista», ha afirmado, a sabiendas de que no fue así. Lo que hizo el PSOE cuando gobernaba Zapatero fue «congelar» durante un año la subida que correspondía a buena parte de las pensiones, excepto las más bajas, decisión que fue muy criticada pero que no es un recorte.
Lo que quiere hacer el Gobierno ahora, con su propuesta de modificar el actual sistema de revalorización automática de las pensiones para que no dependa de la subida del IPC, es incrementarlas sólo un 0,25 por 100 el año próximo, con lo que los pensionistas perderán más de un 1 por 100 de poder adquisitivo; esto no es una congelación, sino un recorte. Unos y otros, ¿por qué no hablan siempre con claridad para que los ciudadanos no piensen que algunos políticos los consideran tontos?