El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas de CLM, Leandro Esteban, ha dicho que la ley de racionalización de la administración local busca «la verdadera igualdad de los ciudadanos» y ha avanzado que cuando entre en vigor en 2014 la Junta habrá saldado sus deudas con los ayuntamientos.
El también consejero portavoz del Gobierno regional y el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP CLM), Santiago Lucas-Torres, han comparecido en rueda de prensa tras reunirse para hablar sobre la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local.
Han coincidido en que la ley ofrece un marco normativo que «protege» a los ciudadanos, clarifica las competencias que tiene cada administración y asegura la prestación de servicios a la población.
Esteban ha dicho que la ley persigue el mismo «principio fundamental» que tiene el Gobierno de Castilla-La Mancha, que es buscar «la verdadera igualdad de los ciudadanos» con independencia de su lugar de residencia.
Ha defendido que los ciudadanos deben tener «exactamente los mismos derechos» y ha explicado que esta reforma de la administración local es un proyecto «largamente reivindicado»
El consejero portavoz ha destacado que el Gobierno regional ha participado activamente en la ley y ha señalado que es «muy importante» que entre en vigor, como parece, a principios de 2014 porque en ese momento la Junta tendrá «prácticamente saldadas» todas sus deudas con las corporaciones locales.
«Nada mejor que partir con unas reglas claras y sin deudas», ha asegurado Leandro Esteban.
LAS DIFERENCIAS CON EL PRIMER BORRADOR
Por su parte Lucas-Torres ha explicado que la FEMP CLM ha trabajado «mucho» en esta ley, en la que se han conseguido «muchísimas diferencias» desde el primer borrador hasta el último, por ejemplo en la posibilidad de todos los municipios para negociar un servicio, si tienen capacidad para ello.
Y si un ayuntamiento no puede alcanzar un convenio con la comunidad autónoma, lo hará la Diputación.
Lucas-Torres ha asegurado que la ley no suprime concejales ni ayuntamientos, garantiza los servicios en «todos» los municipios, «dignifica» a la política y a los políticos y es transparente hacia el ciudadanos.
Ha indicado que es «totalmente incierto» que vayan a suprimirse servicios en los pequeños municipios y ha apuntado que todas las localidades podrán llegar a convenios, pero con una diferencia respecto a la situación actual: serán convenios por cinco años, el ayuntamiento recibe el cien por cien del coste y si la comunidad autónoma no puede pagar el Estado es garante.
En este sentido, el presidente de la Federación regional de Municipios ha afirmado que el ciudadano será «el principal beneficiario» de la ley, porque recibirán un servicio eficaz y eficiente y porque no habrá «ciudadanos de primera y de segunda».
«Es la ley que pone blanco sobre negro lo que se está haciendo en los ayuntamientos», ha indicado Lucas-Torres, quien ha criticado a quienes se oponen a la ley sin presentar alternativas.
Por otra parte, el consejero portavoz se ha referido a las críticas del PSOE a esta ley y ha dicho que es «hipócrita» que hable de privatización cuando se trata de una ley «defensora de lo público a ultranza» aunque deja libertad para distintos modelos de gestión.
En este sentido, ha señalado quienes «hoy se envuelven en la bandera de lo público han sido grandes privatizadores y grandes hipócritas» y ha citado, como ejemplo, que los servicios de transporte, suministro de agua y recogida de basuras en el Ayuntamiento de Toledo los presta una empresa.