En sus alegatos finales, la discrepancia entre el abogado de María Dolores de Cospedal, Alfonso Prego, como el de Luis Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, discreparon en el fondo del asunto.
Porque mientras que para el primero había quedado acreditado que nadie ha podido demostrar que su defendida, secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, había recibido dos sobres con 7.500 euros en dinero «negro» por parte de Bárcenas; para el segundo era obvio que la cuestión a dirimir en el juicio no era ése, que ya lo decidirá la Audiencia Nacional en la causa general sobre este asunto, sino que no fue el extesorero del PP quien entregó los famosos papeles con las anotaciones al diario El País para que los publicaran.
Mientras, el fiscal anunció que aunque no existe la menor sospecha de que Cospedal haya cobrado en concepto de sobresueldos y que la posición de Bárcenas en este procedimiento es cuanto menos delicada al estar imputado en varios casos, no se iba a pronunciar sobre el fondo del asunto «hasta que no finalice el proceso en la Audiencia Nacional, para evitar equivocaciones. Habría que esperar a la resolución de la Audiencia, es determinante porque se debe pronunciar sobre si de verdad se produjeron los cobros que dicen los papeles».
PARA EL ABOGADO DE COSPEDAL, «ES BÁRCENAS QUIEN DEBE DEMOSTRAR QUE PAGÓ LO QUE DICE»
Prego ha comenzado su alegato final recalcando que Cospedal había sido «perturbada en su honorabilidad con una acusación infamante. Ha sido una intromisión ilegítima, como lo es cobrar dinero B, subterráneo. Es deshonroso cuando sucede, de hecho ha sido un escándalomediático».
Pero, ha insistido, «no porque uno sea político se puede decir cualquier cosa de él o de ella, aunque se diga que va en el sueldo. Y el nudo gordiano de este pleito es saber si es verdad o mentira que hubo sobresueldos. ¿A quién le corresponde probar esto? Pues a la persona concernida (por Bárcenas), que es quien tiene que demostrar que Cospedal cobró esos sobres con 7.500 euros; y no al revés».
Porque «la ley habla de la carga de la prueba y no le corresponde a la demandante demostrar que no recibió ese dinero, sino que le corresponde al demandado que sí lo entregó. Y durante el juicio no ha habido ninguna prueba de que entregó 7.500 euros en un sobre y 7.500 euros en otro. Eso lo dice él, pero no presenta ninguna prueba».
En definitiva, según el abogado de Cospedal, Bárcenas «ha menoscabado el honor y el prestigio de esta persona, Cospedal, porque es una acusación falsa. Y si no prueba lo que afirma, la ley sólo conduce a un resultado, que quien ha hecho esta difamación no lo ha demostrado».
PARA EL ABOGADO DE BÁRCENAS, «LA CUESTIÓN ERA SI BÁRCENAS ENTREGÓ LOS PAPELES O NO A EL PAÍS, Y HA QUEDADO DEMOSTRADO QUE NO»
En contraposición, con un argumento completamente diferente, el abogado de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, quien ha iniciado sus conclusiones acusando al abogado de Cospedal «de cambiarnos el pie, puesto que ha comenzado su informe diciendo que la cuestión es la difamación a Cospedal. Pero no es ésa la cuestión, sino que Bárcenas entregó la documentación a un medio de comunicación».
Tras aclarar que habían quedado acreditadas varias cuestiones importantes, «que los papeles de Bárcenas reflejaban una contabilidad B del PP durante varios años, entre ellos 2008; que fueron realizados por la mano de Bárcenas y que éste se los enseñó en abril de 2010 a su entonces amigo Jorge Trías», Liaño pidió al juez que se desestimara la demanda con la imposición de las costas a la parte actora.
Liaño aclaró que la contabilidad que había llevado Bárcenas era veraz y que cada apunte se correspondía con su fecha, pero, fundamentalmente, que «Bárcenas no entregó esa contabilidad a El País, sino que fue Trías u otra persona que hizo de intermediaria».
De ahí que incidiera en que Cospedal «se ha equivocado al dirigir su acción contra Bárcenas y ha cometido dos errores: primero, que la actora se confunde de guerra, porque Bárcenas no filtró los papeles a El País; y dos, ¿cómo puede vulnerar Bárcenas su honor si él no entregó esos papeles?. De hecho, el director de El País ha reconocido que no fue Bárcenas quien les entregó los papeles».
En conclusión, «la acusación es desacertada, infundada e injusta y la acción de la parte demandante no ha estado presidida por la buena fe».