El vicepresidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha adelantado que la próxima reunión del Consejo de Gobierno aprobará aplicar en la región el Real Decreto para la revisión de los precios en la obra pública, aunque ha considerado que el mismo se queda «corto» porque no afecta a todos los materiales ni a los servicios.
Martínez Guijarro ha realizado este anuncio en el encuentro informativo «Espacio Reservado» organizado por encastillalamancha.es, celebrado este miércoles en Toledo, y donde ha analizado la actual coyuntura económica derivada de la invasión rusa a Ucrania.
Encarecimiento de materiales y de la energía
El vicepresidente ha valorado el real decreto que permitirá revisar los precios de la obra pública, pues posibilitará al Gobierno regional que pueda «empezar a hablar» con las empresas adjudicatarias de las obras, porque a la escasez de algunos materiales se suma el encarecimiento de algunos de ellos y también del precio de la energía.
Con todo, ha considerado que el decreto, cuya aplicación a Castilla-La Mancha se aprobará en el próximo Consejo de Gobierno, se ha «quedado corto», porque no contempla la revisión de los precios de los servicios que se prestan a la administración, así como que la revisión al alza que se permite es inferior en algunos casos al encarecimiento de los productos.
Martínez Guijarro ha recordado que algunas licitaciones, como por ejemplo la de la Ciudad Administrativa de Ciudad Real, se ha quedado desierta, por lo que se ha tenido que volver a comenzar el proceso, con un alza en el precio de un 20 por ciento.
Asimismo, y para hacer frente al encarecimiento de la energía, Martínez Guijarro ha avanzado que el Ejecutivo autonómico va a trasladar al central que las energías renovables sean consideradas como “un sector de interés estratégico para el Estado” para lo que ha pedido “un cambio radical de la normativa” ambiental y de planificación de las renovables.
Esta es una de las propuestas que llevará el Gobierno de Castilla-La Mancha el próximo lunes a la conferencia donde se abordará el plan sectorial, según ha avanzado Martínez Guijarro, que ha instado a la necesidad de acelerar la planificación del sector eléctrico para que puedan entrar nuevas renovables en el sistema, a lo que hay que sumar un cambio en la normativa ambiental que pasa por «la práctica eliminación de los trámites ambientales salvo que se vayan a instalar en espacios protegidos».
El objetivo es, según el vicepresidente, conseguir un incremento de producción de electricidad a través de las renovables, lo que supondría una bajada del precio de la electricidad que en los últimos meses viene marcando precios históricos influenciados por el precio del gas.
En este punto, Martínez Guijarro ha avanzado que Castilla-La Mancha propondrá al Ejecutivo nacional cambios en el reglamento del sector eléctrico para simplificar las modificaciones no sustanciales, entre las que se incluyen cambios en la planificación de la red de transporte 2022-2026, es decir, que la declaración ambiental estratégica del plan sirva como evaluación ambiental de los nudos de evacuación y que se den en una única resolución administrativa la de concesión de acceso y conexión.
De otro lado, tal y como ha explicado el vicepresidente, con el fin de favorecer el autoconsumo, la comunidad autónoma se ha mostrado partidaria de modificar la normativa para favorecer el autoconsumo con medidas como el aumento de 100Kw a 1.000 KW del límite para la obtención de las autorizaciones previas y de construcción lo que evitaría que las empresas – ha dicho – tengan que esperar entre dos y cuatro años para la tramitación de los permisos.
En términos generales, Martínez Guijarro ha defendido avanzar en la soberanía energética, con este tipo de medidas, y también en la soberanía alimentaria e industrial.
En cuanto a la soberanía alimentaria, y a raíz de la escasez de cereales y aceite de girasol por la situación en Ucrania, Martínez Guijarro ha propuesto que se retire la obligatoriedad de los barbechos, tal y como recoge la Política Agraria Común (PAC), como mínimo hasta que se resuelva el conflicto.
Así, ha indicado que en Castilla-La Mancha hay 600.000 hectáreas en barbecho que si por ejemplo se sembraran de girasol -cuya época de siembra comienza en abril, se podría obtener una siembra de 360.000 toneladas para producir aceite.
Junto a ello, ha pedido tener soberanía industrial incentivando y apoyando a las empresas que generen materias primas industriales en el territorio europeo.
«Estamos en una crisis complicada, pero en toda crisis hay oportunidades Hay que ser capaces de encontrarlas para que Castilla-La Mancha salga reforzada», ha reflexionado Martínez Guijarro.
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