El sindicato UGT ha presentados sendos escritos ante los grupos parlamentarios del PP y del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha en los que piden la «restitución de las condiciones salariales» de los 70.000 empleados públicos de la Junta.
Según informa en un comunicado la secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Carmen Campoy, esta petición la hacen «a la vista de que hemos salido de la crisis» y de que «los empleados de la Junta hemos sido los chivos expiatorios del ajuste del déficit».
En el escrito registrado en las Cortes de Castilla-La Mancha, la Federación de Servicios Públicos de UGT recuerda que durante los últimos años, los empleados de la Administración regional han sufrido un aumento de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas.
Y, que en el caso de los empleados del Sescam ha supuesto pasar de 1.519 a 1.645 horas anuales, con una reducción salarial del 8 por 100 que se suma a la rebaja de sueldos del 3 por 100 de todos los empleados públicos del país y al añadido de casi un 3 por 100 para los empleados del Servicio de Salud.
Junto a las rebajas salariales, UGT recuerda a los representantes de lo ciudadanos castellanomanchegos que los empleados públicos han visto reducidas sus expectativas de avance en la carrera profesional, además de la reducción de los complementos de productividad variable e incluso de la paga extraordinaria de junio de 2012.
«Como vemos que desde el Gobierno del PP se afirma que estamos saliendo de la crisis, entendemos que no tiene sentido mantener las medidas de ajuste presupuestario adoptadas, que han convertido a los empleados de la Administración regional en chivos expiatorios de la situación de déficit en la región».
Por ello piden a los grupos parlamentarios y responsables políticos que cambien el rumbo y comiencen a tomar medidas que restituyan los derechos a las empleadas y los empleados públicos de la región y por extensión de los propios servicios públicos», señala Campoy.
Igualmente instan a PP y PSOE en las Cortes «a iniciar con el nuevo año un proceso a través del cual se recuperen todos los derechos que los empleados públicos hemos perdido en los últimos años con la excusa de una crisis cuyo final ha sido anunciado por los responsables políticos de las medidas descritas anteriormente».