Una plataforma integrada por más de 100 organizaciones ha alertado de que el Memorándum Tajo-Segura introduce modificaciones en la Ley de Aguas y el Plan Hidrológico Nacional (PHN), sin debate ni información pública, que afectan a todas las cuencas españolas y a la planificación hidrológica.
Esta plataforma ha acusado al PP de cambiar «las reglas del juego en materia de agua por la puerta de atrás, sin debate ni participación pública» y que suponen un «giro radical» no solo a la regulación del trasvase Tajo-Segura sino «a la política de aguas en este país».
Se trata del memorándum que ha firmado el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las regiones de Murcia y Valencia y que, según estas organizaciones, suponen el inicio de «la materialización de las tesis trasvasistas» y de su modelo de plan hidrológico nacional, especialmente para el Tajo, Júcar y Ebro.
Y es que por la vía de enmiendas se incorporan cambios en las cesiones de derechos intercuencas y posibilitan la limitación anual de los desembalses máximos o agua que podrá circular en la cuenca cedente de cualquier trasvase, aspectos que con anterioridad estaban reservados al PHN.
De este modo, advierte la plataforma, se evitan «incómodos» debates, participación y previsible oposición de otras regiones y usuarios afectados como las del Ebro, Aragón, Cataluña o Júcar-Vinalopó.
El memorándum y las enmiendas que introduce en la Ley de Evaluación Ambiental, también cambian «radicalmente» el régimen hasta ahora existente en el trasvase del Tajo, en el que los beneficiarios únicamente tenían una expectativa, y no un derecho legal, al uso de aguas que la planificación de esa cuenca determinara como excedentarias, por encima de un determinado volumen embalsado en Entrepeñas y Buendía.
La plataforma aboga por eliminar estas enmiendas para no dejar únicamente en manos de la Dirección General del Agua la toma de decisiones que deben consensuarse en los territorios, evitar que puedan llevarse a cabo nuevos trasvases, como el del Ebro, «por la puerta de atrás y sin informar a los ciudadanos» o que «el agua de todos pueda ser comprada y vendida al mejor postor».
Según la organización, el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental debe tramitarse como dos iniciativas diferentes: la evaluación ambiental y con la normativa de aguas y con el «suficiente» debate e información pública.