El Congreso debatirá el martes una polémica reforma del Estatuto de Castilla La Mancha, que tiene a la mayor parte de la oposición en contra, porque ven la propuesta como un «atentado» contra la democracia al reducir prácticamente a la mitad el número de diputados.
Los socialistas lo consideran un «pucherazo» y un «auténtico atropello democrático sin precedentes» y recuerdan que hace sólo un año el PP modificó la ley electoral precisamente para aumentar el número de diputados.
El PSOE, el único partido de oposición en Castilla-La Mancha, es radicalmente contrario a esta reforma y ha anunciado que se opondrá a ella «con uñas y dientes», e incluso ha sugerido en más de una ocasión que lo llevará al Tribunal Constitucional (TC) si finalmente se aprueba en las Cortes.
También el secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido varias veces de que el Estatuto de Autonomía es «un trozo de la Constitución», por lo que es «incomprensible» que un partido quiera modificarlo de manera «unilateral».
García-Page ha avisado de que con esta reforma, que rebaja el número de parlamentarios de la horquilla actual de 47 a 59 a otra de 25 a 35, más de 300.000 castellanomanchegos podrían quedarse sin representación parlamentaria.
También el grupo de la Izquierda Plural votará en contra de esta reforma estatutaria como ha explicado a Efe el líder de IU, Cayo Lara, para quien la presidenta autonómica, María Dolores de Cospedal, pretende «acabar con la democracia» en esa comunidad.
Según Lara, las Cortes manchegas ya eran «las más raquíticas en representatividad de todas las existentes en nuestro país» y ahora, además, llega al Congreso una reforma que «dejará al Parlamento manchego con las características de una mala diputación, todo por el desesperado intento de María Dolores de Cospedal de mantener a todo costa el poder».
«Es un atentado durísimo contra la democracia y los ciudadanos», ha afirmado Lara, para quien el PP lo que busca es sustituir la democracia representativa por un «ejército» de cargos de libre elegidos a dedo por su partido».
UPyD también rechazará la reforma estatutaria porque la ve como una operación «descarada» para que el PP conserve la mayoría absoluta en Castilla-La Mancha, señala a Efe su portavoz adjunto, Carlos Martínez Gorriarán, al reducir casi a la mitad el número de diputados.
Gorriarán, que será quien defienda la posición del partido el martes, ha señalado que el nuevo estatuto también pretende reservar la política a unos cuantos privilegiados, como la propia De Cospedal, ha subrayado, al consolidar que no se retribuya la labor parlamentaria, como sucede desde hace unos meses.
Pero al mismo tiempo -ha denunciado- el sueldo de los diputados se sustituye por dietas, que «escapan» al control fiscal y «eso, a la señora Cospedal, le parece altruista», ha ironizado Gorriarán.
Nunca en la historia de las reformas autonómicas, se ha producido un ataque «tan desvergonzado» a la democracia y a la igualdad de derechos como el que pretende la propuesta del Gobierno castellanomanchego, ha lamentado el «número dos» de UPyD.
CiU no ha querido adelantar cuál será su posición en este debate, aunque fuentes de este grupo parlamentario recuerdan que suelen respetar siempre los estatutos o reformas estatutarias que han sido aprobados por los parlamentos autonómicos.
El diputado del PP por Toledo Agustín Conde, que defenderá la reforma en el turno de portavoces del Congreso, ha insistido a Efe en que las razones de este cambio son esencialmente económicas, «de austeridad», y no políticas como apunta la oposición.
Es «absolutamente falso» que María Dolores de Cospedal quiera asegurarse con esta reforma una mayoría parlamentaria en próximos comicios, «no nos hace falta», ha defendido.
Había una necesidad de reducir el gasto de forma notable, para acabar con la situación de «quiebra» en que habían dejado los socialistas la comunidad, ha explicado, y se quería, además, «predicar con el ejemplo» y que los recortes no afectaran sólo a los servicios públicos o a los ciudadanos, sino también a la clase política.
Conde ha insistido en que esta reducción drástica de las Cortes castellanomanchegas está en línea con otras medidas como el recorte de altos cargos y cargos de libre designación o la supresión de órganos para acabar con «duplicidades absurdas».