Los tres acusados de captar y prostituir a cinco mujeres venezolanas en un piso alquilado en La Roda, han asegurado que eran ellas las que les pedían ayuda, que conocían en todo momento las condiciones y que nunca se les obligó. «Jamás hemos gestionado los servicios sexuales de estas chicas, esas personas siempre han sido libres en su vida y en su trabajo«, ha señalado el procesado D.J.V.L.
Ha sido durante el juicio que ha tenido lugar este miércoles, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete, donde también han declarado su mujer, D.J.M.P., y su suegra, A.I.M.P., acusadas de los mismos cargos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
Los tres han coincidido en que lo «único» que hacían era prestarles el dinero para pagar el billete a España y facilitarles alojamiento en la citada localidad albaceteña, donde ellas ejercían la prostitución «de manera voluntaria«.
Contraían una deuda de 5.000 euros
Según ha testificado la procesada D.J.M.P., ella vivió una situación de trata a su llegada a la península, «por eso nunca haría lo mismo a otras mujeres». Así, al parecer, eran las víctimas las que contactaban con ella a través de una amiga en Venezuela, luego D.J.M.P. les explicaba que les prestaría el dinero para el billete de avión y que se lo tendrían que devolver, «sin plazos ni condiciones».
Una vez en España, las mujeres contraían una deuda de cerca de 5.000 euros, a la que había que sumar un alquiler de 150 euros semanales.
«Era una deuda interminable»
“Me dijeron que en un mes les habría pagado el préstamo, pero es mentira, estuve hasta medio año para poder pagar la deuda casi entera», ha lamentado una de las víctimas, que, en contra de las declaraciones de los acusados, ha asegurado estar obligada a pagar la deuda en un plazo determinado.
«Todo el dinero que yo hacía se lo tenía que dar a ellos y, cuando quería comprar algo se lo pedía, pero luego tenía que devolverlo, era imposible terminar con esa deuda».
Del mismo lado, otra de las denunciantes ha explicado cómo después de cada servicio prestado debía entregar el dinero a alguno de los acusados.
La defensa pide la libre absolución
Asimismo, todas han reconocido ser conscientes de que venían a España para ejercer la prostitución, por ello, la defensa solicita la absolución de todos los procesados, al considerar que «no se ha obligado a nadie a prostituirse«.
«Pedimos la absolución de todos los acusados ya que entendemos que no se ha cometido ningún ilícito penal. Las presuntas víctimas han sido conocedoras en todo momento de las condiciones y las consintieron«, ha alegado Patricia Martínez, abogada de los procesados.
Por su parte, la Fiscalía mantiene la pena inicial de entre 42 y 57 años y medio de prisión.
El juicio continuará el próximo viernes, a las 9.00 horas, con los testimonios de los agentes de policía.