El sindicato CSIF ha valorado que la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal «por fin» haya equiparado el tratamiento de las incapacidades temporales (IT) de los empleados públicos de la región a los del resto del Estado, aunque ha recalcado que ese gesto «llega tarde».
CSIF se ha pronunciado así ante la medida anunciada el miércoles por la presidenta regional, que afecta a 50.000 empleados públicos de la comunidad.
El sindicato de empleados públicos ha celebrado que Cospedal «haya recobrado el sentido común» y puesto fin a «la desigualdad y la injusticia» que suponía aplicar una normativa en Castilla-La Mancha contraria a la aplicada en el Estado, lo que era «claramente discriminatorio» con los derechos de los empleados públicos.
El sindicato ha recalcado que «el gesto» de la presidenta autonómica «llega tarde», pues «podría haberse evitado la incertidumbre y la exclusión de los trabajadores regionales del marco general de aplicación nacional de la normativa sobre Incapacidad Temporal si la presidenta hubiese mostrado mayor talla política y consideración hacía los empleados dependientes de su administración».
CSIF ha recordado que en estos momentos había emprendido una campaña de recogida de firmas para exigir la modificación inmediata de esa normativa para que pudiese incluirse en los presupuestos de 2014.
Ahora, ha confiado en que se aplique desde 2014 y se termine con un período de dos años de aplicación de una norma «que penalizaba la enfermedad, las intervenciones quirúrgicas o la hospitalización, algo inaceptable en un Estado democrático defensor de los servicios básicos esenciales para el conjunto de los ciudadanos».
A juicio del sindicato, el retraso ha producido «excesivo dolor y angustia a muchos empleados públicos de Castilla-La Mancha, claramente discriminados y segregados de los del resto de España».