El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la Ley de Evaluación Ambiental, que agrega al ordenamiento jurídico el memorando del trasvase Tajo-Segura, muy criticado por la oposición por entender que abre la puerta al «mercadeo» del agua.
El acuerdo firmado recientemente por el Gobierno con las cinco comunidades autónomas que dependen del Tajo eleva a 400 hectómetros cúbicos (por los 240 actuales) el nivel de reserva de agua que puede ser trasvasada desde la cabecera de este río.
El acuerdo propone además que se establezcan mensualmente los niveles de trasvase de agua desde los embalses de la cabecera del Tajo (en Entrepeñas y Buendía) hacia las cuencas del Segura y del Guadiana, con un máximo anual total de 650 hectómetros cúbicos en cada año hidrológico.
En la sesión de hoy sólo se han votado las enmiendas introducidas por el Senado a este texto, que han contado con el apoyo del PP y el voto a favor de CiU a dos transaccionales.
Las dos transaccionales modifican técnica y competencialmente el artículo que establece la posibilidad de excluir del control de impacto ambiental la construcción de centros penitenciarios, y el que alude a la creación de bancos de conservación de naturaleza.
En el debate, los «populares» han respaldado la petición de CiU de que el ministerio cree un grupo de trabajo abierto a todas las comunidades autónomas y sectores implicados para el desarrollo reglamentario de esta ley.
En concreto, CiU quiere que los bancos de conservación promuevan que las medidas compensatorias que se adopten por dañar la naturaleza con un proyecto se vinculen con prioridad al territorio en el que se ejecuta dicho proyecto.
Los grupos de izquierda han rechazado la creación de estos bancos por considerar que respalda el principio de «pagar por contaminar».
La Ley, que en su conjunto ha sido rechazada por todos los grupos de la oposición durante su tramitación parlamentaria, establece como novedad que se incluya en el análisis de impacto ambiental la peligrosidad sísmica y la fracturación hidráulica o fracking, técnica que utiliza productos químicos para romper las rocas subterráneas en las que se encuentra atrapado el gas.
Asimismo tipifica infracciones como el suministro de combustible de barco a barco en alta mar o bunkering (con multas de entre 200.001 a dos millones de euros) y incluye el memorando sobre el trasvase Tajo-Segura.
La inclusión de este memorando ha merecido el grueso de las críticas de los partidos de la oposición por considerar que supone abrir la puerta al «mercadeo» del agua.
La norma, que regulará la viabilidad de los proyectos (ganaderos, energéticos, de construcción…) en función de sus impactos ambientales, busca, especialmente, reducir los plazos de tramitación de expedientes a entre cuatro y seis meses de duración, frente a los tres y cuatro años de media en la actualidad.
Con esta reducción, el Gobierno quiere evitar dilaciones, ya que en la actualidad, afirma, existen alrededor de 10.000 expedientes pendientes de resolver en el conjunto de las administraciones.
También considera el Ejecutivo que la agilización y simplificación de los procedimientos promoverá la generación de puestos de trabajo.
En concreto, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente estima que tendrá un impacto sobre la actividad económica de 1.000 millones de euros y que generará unos 80.000 empleos.