La presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha dado a conocer hoy los nombres que el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, propondrá al Ejecutivo central para ocupar las subdelegaciones del Gobierno en las cinco provincias de la región.
En Albacete, el concejal de Asociaciones Sociosanitarias en el Ayuntamiento de la capital, Federico Pozuelo, ha sido propuesto para ocupar la Subdelegación del Gobierno, mientras que en Ciudad Real, esta responsabilidad será para el actual presidente del patronato rector del Parque de Cabañeros, Fernando Rodrigo.
Para subdelegado del Gobierno en Guadalajara se ha propuesto al portavoz del PP en la Diputación, Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco; y para Cuenca, al vicepresidente del Consorcio Cuenca 112, Ángel Mariscal; mientras que la Subdelegación del Gobierno en Toledo será responsabilidad, si prospera la iniciativa comunicada hoy, del portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio.
Cospedal ha afirmado, en conferencia de prensa, que la reunión ha sido fructífera y en ella se han podido contrastar los problemas que pueda tener de Castilla-La Mancha que sean responsabilidad de la Delegación del Gobierno, sobre todos los relacionados con la seguridad.
Por este motivo, también han estado presentes en la reunión el general de jefe de la segunda zona la Guardia Civil en Castilla-La Mancha, Joaquín Eugenio Ruiz-Seco, y el jefe superior de la Policía Nacional en Castilla-La Mancha, el comisario Juan Carlos Ortiz.
Tras explicar que en el encuentro se han abordado problemas como la delincuencia o la situación económica de la comunidad, Cospedal ha puesto la Junta a disposición de la Delegación del Gobierno y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como muestra de un «ejercicio de colaboración entre administraciones».
De este modo, ha recordado que Castilla-La Mancha no tiene competencias en seguridad ni cuerpos policiales, pero ha considerado que tampoco le hacen falta gracias a la «enorme tarea» que realizan la Policía Nacional y la Guardia Civil en defensa de las libertades públicas y de los derechos de los españoles.