La Subdelegación del Gobierno ha desestimado la petición de IU para concentrarse el lunes 16 ante la sede de los juzgados de Ciudad Real, coincidiendo con la celebración de un juicio de faltas a siete personas, a la que había anunciado su presencia el coordinador general de IU, Cayo Lara.
Según ha explicado hoy a Efe el coordinador regional de IU, Daniel Martínez, la subdelegación del Gobierno ha desestimado la petición de carácter «urgente» presentada por IU para poder llevar a cabo esta concentración, ante el apoyo masivo que se prevé de personas que han manifestado su intención de apoyar a los denunciados que se enfrentan a este juicio.
En estos hechos están implicadas siete personas que increparon, el pasado 27 de septiembre, a la presidenta regional, María Dolores de Cospedal; y al consejero de Educación, Cultura y Deportes, Marcial Marín, cuando acudieron a Ciudad Real a la reapertura del Museo Provincial, que había estado cerrado varios años por obras.
Esas siete personas están acusadas de una falta de respeto a la autoridad, sancionada en el Código Penal con una multa de entre 10 y 60 días, cuya cuota diaria debería, en su caso, establecer el juez.
Martínez ha indicado que IU se ha visto obligada a realizar esta petición con carácter de urgencia, sin cumplir el plazo previsto por la ley de diez días, ante la intención manifestada a través de las redes sociales de un grupo importante de personas de acudir a las puertas de los juzgados.
El coordinador castellanomanchego de IU ha asegurado que no habían previsto en ningún momento que tuviera lugar una concentración, sino una rueda de prensa a la que anunció su presencia el coordinador general, Cayo Lara.
A tenor de los apoyos recibidos por los siete implicados, ha comentado, «podrían darse cita más de 20 personas ante los juzgados, lo que puede volver a llevarnos a vivir la situación de poder ser considerados todos unos vándalos y, en consecuencia, ser denunciados también».
Martínez ha apuntado que, pese a ser desestimada la petición de urgencia, van a intentar realizar gestiones con el Gobierno para que finalmente pueda ser autorizada.
«Aunque sea por vía de urgencia, yo creo que es bastante razonable autorizar esta concentración, porque, desde luego, lo que no tiene sentido es no hacerlo», ha razonado Martínez.
En este sentido, ha subrayado que es legítimo que la gente pueda manifestar su apoyo a siete personas a las que, tras un atestado y una denuncia, se les ha abierto un juicio por la vía penal, no por la vía administrativa, por expresar su descontento con la situación que estaban viviendo.
«Es algo que no se recuerda nunca», según Daniel Martínez, que ha defendido el derecho de las personas a manifestar su indignación porque «hay gente que lo está pasando muy mal y están sufriendo tremendos recortes sociales y económicos» que les dejan en una situación personal muy delicada.
A su juicio, no tiene sentido que vivan esta situación cuando «se han manifestado de forma pacífica», ha concluido.