Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves el proyecto de Ley de la Viña y el Vino sin votos en contra, ya que tanto Ciudadanos como PP se han abstenido en la votación final y ha salido con los 19 votos del PSOE, que permiten recuperar una norma específica para el sector vitivinícola de la región, que produce la mitad de todo el vino de España, y cuya ley anterior se derogó en 2012.
«Un ley de todos», asegura Martínez Arroyo
El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, durante su intervención en el pleno de las Cortes, ha calificado de «muy necesaria» esta ley y ha pedido que se apruebe «por amplia mayoría», porque «es una ley de todos, no tiene aristas», que representa los intereses de todo el sector vitivinícola castellanomanchego.
Martínez Arroyo ha desgranado las principales novedades de esta norma que, entre otros aspectos, recoge un procedimiento para autorizar la plantación de nuevas variedades de vid en la región, regula los pasos para reconocer las Denominaciones de Origen Protegida y crea el concepto «Vino de Finca«, que consiste en la elaboración de vino con las uvas que rodean una bodega dentro de una DO y que esa denominación pueda incluirse en el etiquetado, junto con la denominación de la DO.
Trazabilidad y digitalización
Avances en trazabilidad y la apuesta por la digitalización, con el objetivo de que Castilla-La Mancha sea la primera región productora que aplique la tecnología «blockchain», para conocer totalmente la trazabilidad de un vino desde la uva hasta el embotellado mediante un código QR en la botella, así como la creación de una interprofesional del vino en Castilla-La Mancha, son otras de las novedades de esta ley.
El consejero también ha aportado los datos que avalan que Castilla-La Mancha es el mayor viñedo del mundo y, por ejemplo, ha señalado que la región tiene medio millón de hectáreas de viñedo, cuenta con nueve Denominaciones de Origen, tiene 80.000 viticultores y genera 43.000 empleos, con 485 bodegas -de las cuales 200 son cooperativas-.
Además, ha señalado que la producción media anual de vino y mosto ronda los 23 millones de litros, de los cuales se exportan unos 17 millones, y factura unos 2.000 millones de euros anuales.
«Si no fuera por el sector del vino en Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha no sería lo que es», ha resumido.
Sin ley desde el 2012
Con todo, ha lamentado que este jueves se esté votando esta ley, ya que supone que la región ha estado una década sin una normativa específica para el sector del vino al ser derogada en 2012 «para quitar un canon a la fundación Tierra de Viñedos que ya estaba suprimido cuando se derogó toda la ley», por lo que ha admitido que nunca entendió este argumento.
«Eso sí fue un rodillo», ha espetado Martínez Arroyo a los grupos de la oposición -PP y Cs- que han acusado al PSOE de «aplicar el rodillo» de la mayoría absoluta en la cámara para sacar adelante la norma sin incorporar ninguna de las enmiendas que han presentado al texto.
En cambio, el consejero ha justificado el rechazo al afirmar que «algunas cosas que plantean los grupos no se pueden regular en una normativa autonómica, porque hay leyes europeas y nacionales» e incluso ha considerado que en algunas enmiendas, se invaden competencias de otras autonomías.
Martínez Arroyo ha insistido en pedir el apoyo mayoritario para esta ley, que es «una norma básica» de la que emanarán normativas secundarias que «van a permitir organizar el sector» y ha añadido: «Juntos somos capaces de hacer muchas más cosas».
PP y CS ven insuficiente la Ley
El diputado del PP en las Cortes Emilio Bravo ha sido el encargado de exponer la postura de su grupo sobre este proyecto de ley, que ha calificado de «necesario pero tardío«, pues ha recordado que Martínez Arroyo lleva siete años en el cargo y en este tiempo «no se ha preocupado» del sector vitivinícola.
Bravo ha defendido las enmiendas parciales que los ‘populares’ han mantenido vivas para su debate en el pleno y, entre otros puntos, ha lamentado que el proyecto de ley «no contempla de forma clara el control y la trazabilidad, ni un régimen sancionador claro que evite prácticas irregulares o reiteración de fraudes», ni que proponga medidas para mejorar el porcentaje de vino embotellado en la región, que en la actualidad ronda del 10 por ciento, si bien eran aspectos que su grupo ha pretendido mejorar.
Por su parte, la diputada de Ciudadanos Elena Jaime ha considerado que la norma es «insuficiente, incompleta» y que ello es lo que pretendía corregir su formación con las enmiendas que ha mantenido vivas para el pleno, aunque ha rechazado que «el muro del PSOE es duro e impenetrable» y por ello no se ha aceptado ninguna.
Así, ha lamentado que no se apruebe el silencio administrativo para los viticultores, como proponía, que no se endurezcan las sanciones por fraude o que no se cree un sello de calidad para el vino ecológico, porque «parece que solo es buena la idea cuando se les ocurre a ustedes».
En defensa del dictamen de la ley y en nombre del grupo socialista, la diputada Joaquina Sáiz ha valorado que el texto es «una ley del sector y para el sector, una ley para la ordenación del mismo, para impulsar la rentabilidad, para proteger las figuras de calidad y para aumentar la proyección de los vinos al exterior», que además «se ha trabajado con todo el sector para que sea de consenso, moderna y efectiva».