Lo peor de que el Gobierno vaya a subir en enero la parte que le corresponde del recibo de la luz no es que lo vaya a hacer, aunque esta decisión también es mala para todos en plena crisis económica, sino que el ministro José Manuel Soria intente justificarlo ahora, después de llevar un mes repitiendo que no se produciría esa subida. ¿Habrá pensado, tal vez, que los ciudadanos de a pie son tontos?
«Rectificar es de sabios», dice el refrán; pero sólo es una medida sabia si se rectifica para mejorar algo que se ha hecho mal. Cuando la rectificación perjudica a la ciudadanía, como ocurre con el cambio de postura del ministro de Industria, esa decisión tiene poco de sabia y mucho de incoherente y, sobre todo, de faltar a la palabra dada. Pero, lamentablemente, ya estamos acostumbrados: hay ministros -en el gabinete de Mariano Rajoy abundan- que son especialistas en desmentirse a sí mismos y en hacer hoy lo contrario de lo que dijeron o prometieron ayer, sin siquiera ruborizarse.
UNA FACTURA MÁS CARA
Sin entrar en explicaciones técnicas, porque el recibo de la luz es bastante complejo, lo cierto es que el Gobierno va a incrementar el precio de la energía eléctrica en torno al 2 por 100, en la parte que es de su competencia, y las compañías eléctricas lo harán alrededor del 5 por 100. Los expertos calculan que, a partir de enero, los ciudadanos pagarán cada mes una factura entre un 6 por 100 y un 7 por 100 más cara que ahora por la energía eléctrica que consuman.
Desde que comenzó la crisis económica, en 2008, el precio del kilovatio/hora consumido por las familias españolas se ha incrementado en un 63 por 100, mientras que la media de subida en la Unión Europea ha sido el 27 por 100.
Esos y otros datos demuestran que España es el cuarto país de la Unión Europea en el que más se ha encarecido la factura de la luz, detrás de Malta, Estonia y Letonia.
NO PUEDEN PAGAR
¿Nadie del Gobierno ha pensado que, en los últimos cinco años, los salarios no sólo no han subido en España sino que han bajado notablemente o, en el mejor de los casos, permanecen congelados?, ¿desconocen qué varios millones de personas se han quedado sin trabajo y sin ingresos?, ¿no saben qué miles y miles de familia malviven gracias a las ayudas familiares, la caridad, los comedores sociales, Caritas, la Iglesia y otras ONG, lo que significa que no tienen dinero para pagar el recibo de la luz?
Por sorprendente que parezca, el mismo día en que se ha conocido esta noticia, el martes 17 de diciembre, el Partido Popular se ha negado a que el Congreso de los Diputados tramite una proposición de ley de la diputada Laia Ortiz, del grupo de Izquierda Unida (IU-ICV-CHA), en la que proponía que no se corte el suministro de electricidad, agua o gas a las familias que no pueden pagar el recibo porque todos sus miembros se quedan sin trabajo y dejan de pagar los recibos.
TODOS CONTRA EL PP
Todos los grupos del Congreso apoyaron esa propuesta, porque consideran que es de justicia facilitar esos servicios esenciales a dichas familias, aunque no puedan pagarlos temporalmente. Pero el PP afirmó que es una iniciativa «demagógica» (¿) y votó en contra.
Los cuatro millones de ciudadanos españoles que, según una encuesta de Eurostat, vivían en 2012 en esas condiciones infrahumanas en España, ¿también pensarán que es demagogia proponer que el Estado les ayude para que mantengan los servicios de electricidad, agua y gas?
En Francia, Alemania, Bélgica y otros países han aprobado medidas similares, porque han pensado en esas miles de familias antes que en los intereses del partido político de turno en un momento concreto. Allí no opinan que hacer justicia con quienes no son los responsables de la crisis económica sea demagógico, en contra de lo que ha dicho el diputado del PP Mario Flores.