El año 2014 será clave para el futuro político de Castilla-La Mancha por la posible aprobación definitiva de la reducción a la mitad del número de parlamentarios autonómicos, una medida que conlleva la modificación del Estatuto de Autonomía, campo de batalla política.
El portavoz del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Cañizares, presenta esta reducción con el argumento de lograr un ahorro de entre 4 ó 5 millones de euros cada legislatura, «petición que hace la sociedad castellanomanchega a los políticos», afirma en una entrevista con la Agencia Efe.
Sin embargo, en otra entrevista con Efe, el portavoz del PSOE, José Luis Martínez Guijarro, rechaza este mensaje y recuerda que los parlamentarios autonómicos ya han dejado de tener salario fijo. A su juicio, la reforma del Estatuto de Autonomía surge del «miedo de Cospedal a perder las elecciones», por lo que confía en poder «parar la tropelía».
Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que más ha avanzado en los trámites para materializar la propuesta del PP de reducir el número de diputados autonómicos (la reforma del Estatuto está en trámite en el Congreso de los Diputados) y, posiblemente, junto a Galicia sean las dos regiones que puedan sacar adelante el proyecto.
La situación es más complicada en el caso de otras comunidades como Madrid, donde la propuesta no ha tenido el apoyo necesario de los dos tercios de la Asamblea, algo que también puede ocurrir en La Rioja o en Baleares, donde el PP necesita el apoyo de otros grupos parlamentarios para aprobar la reforma.
El portavoz del PP en las Cortes castellanomanchegas defiende este proyecto sin fisuras: recalca que la disminución de diputados autonómicos es un clamor popular y asegura que no afectará a la calidad democrática de la región.
En el caso de que la reforma del Estatuto de Autonomía salga adelante, la horquilla de diputados autonómicos se reduciría de la actual de 47 a 59 a una de 25 a 35, y su aprobación conllevaría la segunda modificación de la ley electoral esta legislatura.
El portavoz del PSOE cree que esta modificación es la expresión del «miedo a perder las elecciones» de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y critica la incongruencia de aprobar primero (en 2012) una ley electoral que contempla el aumento de cuatro diputados y ahora otra que plantea la reducción de los parlamentarios a la mitad.
EL PSOE EXIGE «EL CONSENSO»
Martínez Guijarro advierte, además, de que la reforma «unilateral» por parte del PP del Estatuto de Autonomía supone «una tropelía» porque «sería la primera vez en democracia que se modificaría una norma constitucional sin consenso», algo que solamente se ha intentado con el ‘Plan Ibarretxe’, afirma.
El portavoz socialista recurre al consenso que siempre se ha buscado en el Congreso de los Diputados a la hora de aprobar la reforma de este tipo de normas y dice que le «consta» que «hay responsables del PP en Madrid que no se sienten cómodos con la decisión que se ha tomado en Castilla-La Mancha».
Ante esta circunstancia, plantea un pacto a nivel nacional sobre «cómo tiene que articularse la arquitectura institucional de las comunidades autónomas», similar al que se hizo a finales de los años 90 en relación a la descentralización en España.
El portavoz del PP, sin embargo, insiste en la validez de la reforma y expone que, aunque su grupo «de verdad que no» tiene todavía una propuesta concreta sobre cómo sería el reparto de escaños entre las provincias, su planteamiento es que «gobierne el partido que más votos tenga».
Para ello, explica, es «imprescindible un mayor número de provincias impares» a través de una ley electoral con dos premisas: que el número final de diputados sea impar y que haya una diferenciación entre provincias según el nivel de población.
Con esta propuesta, dice que su partido está «abierto al consenso y al acuerdo con el PSOE», si bien lamenta que los socialistas castellanomanchegos no les hayan «presentado todavía, después de pedírselo en reuniones de todo tipo, formales y privadas, ni una sola propuesta, ni una sola concreción de su alternativa».
Con acuerdo o no, la reforma del Estatuto de Autonomía, cuya aprobación el PSOE está intentando alargar (ha pedido la ampliación en dos ocasiones del plazo de presentación de enmiendas parciales), centrará el año político de Castilla-La Mancha en 2014, el último completo antes de celebrarse las próximas elecciones autonómicas.