El Gobierno de Castilla-La Mancha va a aprobar en su próxima reunión del Consejo de Gobierno el techo de gasto para 2023, que tendrá un importe similar al de 2022, con unos 7.500 millones, un importe para gasto efectivo, sin tener en cuenta el gasto financiero.
Así lo ha expresado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, tras una reunión con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. En la comparecencia ante los medios de comunicación ha indicado que el máximo objetivo de los Presupuestos del próximo año será la creación de riqueza y empleo en la región.
Preguntado sobre cómo afectará en las cuentas y la deuda públicas el aumento de los tipos de interés por parte de Banco Central Europeo, el consejero ha afirmado que no repercutirá mucho a la deuda castellanomanchega gracias a la reconversión hecha en los dos últimos años.
«He mantenido una de las múltiples reuniones que hemos tenido en verano con el presidente, para perfilar temas de vital importante, la definición del techo de gasto y cómo van las reuniones para las consejerías para ver cómo se reparte ese techo de gasto», ha expresado.
Reducción del 70 por 100 del endeudamiento
Ruiz Molina ha destacado que en las próximas cuenta van a priorizar «el rigor» y por ello, a pesar de que no hay reglas sobre el déficit, van a ceñirse a la recomendación del Ministerio de Hacienda de no superar el 0,3 por 100 del PIB en deuda.
Además, las próximas cuentas van a estar realizadas para que Castilla-La Mancha reduzca en un 70 por 100 la necesidad de endeudamiento.
«Será el mismo gasto, también una reducción de nuestra apelación al endeudamiento del entorno del 70 por 100, aún sabiendo que las reglas de gasto y fiscales están suspendidas«, ha dicho el consejero.
«Para quien pudiera pensar de otra manera, que es año electoral, va a primar en las finanzas públicas el rigor«, ha recalcado Ruiz Molina
¿Habrá bajada de impuestos?
El consejero de Hacienda, preguntado sobre su se bajarán impuestos autonómicos en la región, ha recordado que cuando se prometió ese descenso se hizo en un contexto de «normalidad económica», pero ahora «cuando no se va a conocer lo que va a ocurrir el mes que viene», no le parece lo más apropiado.
«Es una posibilidad, pero no parece lo más fundamental en el corto plazo dadas las consecuencias económicas que pueden venir por la crisis de Ucrania y con las previsiones con la energía«, ha dicho el consejero.
El Ejecutivo castellanomanchego está perfilando cómo afectará al gasto de las consejerías tanto el incremento de precios como la crisis energética en la que está inmersa Europa tras la invasión de Rusia a Ucrania.
«El sector público es uno de los más afectados por la inflación, para prestar los servicios públicos a los ciudadanos con el nivel que se merecen tenemos que tener recursos para poder pagar las facturas», por lo que no le parece lo más conveniente esa bajada impositiva.
Y es que Ruiz Molina ha dicho que los Presupuestos de 2023 apostarán por el refuerzo en los servicios públicos y, dada esta crisis energética, el refuerzo no solo se hará en el plano humano, sino también en el material afrontando el aumento de costes en la prestación de servicios derivado el incremento del precio de la energía.
En breves momentos ampliaremos esta información.