El PSOE de Castilla-La Mancha ha pedido al Gobierno regional que recupere el programa de gratuidad de los libros de texto, pues ha advertido de que con la implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) dejará sin efecto dicho programa.
En un comunicado, la diputada socialista en las Cortes Blanca Fernández ha explicado que la entrada en vigor de dicha ley obligará a las editoriales a cambiar los libros de texto de todo el sistema educativo no universitario en la región, lo que a su juicio dejará sin efecto el Programa de Gratuidad de los libros de texto, ya que afectará al contenido, a la estructura y metodología de los textos.
Por ello, Fernández ha lamentado que a partir del próximo curso, las familias se verán abocadas a comprar los libros de texto, una situación que provocará «el enésimo desatino de esta ley y un varapalo al ya mermado bolsillo de las familias de la región, que tendrán que desembolsar una media de entre 300 y 400 euros por alumno».
Ha recordado que en Castilla-La Mancha se puso en marcha un programa de gratuidad de libros de texto, aunque ha lamentado que «desde que María Dolores de Cospedal es presidenta de la región, no se ha comprado ni un solo ejemplar por la Administración regional».
Por esta razón, ha adelantado que el PSOE pedirá que a partir del próximo curso se recupere el programa de gratuidad y que la Administración adquiera los libros que obligatoriamente haya que cambiar, comenzando por Primero, Tercero, y Quinto de Primaria y así paulatinamente.
«Si no es así, será un nuevo ataque a las familias y a la educación pública de Castilla-La Mancha», ha espetado Fernández.
También ha criticado las «políticas de recorte» del Gobierno regional en materia educativa y que han llevado a que Castilla-La Mancha sea la comunidad autónoma que ha despedido a más docentes, unos 8.000 según sus cálculos, «mientras aumenta el dinero público que se destina a la educación concertada».
Estos recortes, que ha calculado que alcanza el 30 por ciento, también ha provocado «que haya centros que no puedan pagar la luz y la calefacción o que tengan problemas severos de limpieza en los centros públicos de Secundaria».