El Ministerio de Sanidad ha recordado a las comunidades autónomas que la implantación del copago de los medicamentos que se dispensan en las farmacias de los hospitales es de obligado cumplimiento y que se trata de un procedimiento que debería ponerse en marcha este mes de enero.
En declaraciones a Efe, fuentes del departamento que dirige Ana Mato han recordado que el copago de fármacos de dispensación hospitalaria entró en vigor el pasado 1 de octubre.
Desde entonces han transcurrido tres meses en los que las comunidades deberían haber solucionado sus problemas de infraestructura e informáticos para poder hacer efectivo el cobro.
El pasado 18 de diciembre, tras el último Consejo Interterritorial de Salud, Mato aseguró que el «mal llamado copago hospitalario» se pondría en marcha en enero aunque reconoció que el asunto no se había tratado en la reunión.
Esta medida afecta a 43 medicamentos en 157 presentaciones diferentes destinados a pacientes crónicos graves (cáncer, esterilidad o hepatitis C) no hospitalizados, que tendrán que pagar un 10 por 100 de estas medicinas, con un tope de 4,26 euros mensuales, después de que Sanidad incrementase este límite un 1,5 por 100 el pasado 1 de enero al actualizarlo según la tasa interanual del IPC del periodo comprendido entre febrero y noviembre.
El motivo de que se dispensen en las farmacias de los hospitales es su alto precio (en algunos casos pueden alcanzar los 40.000 euros anuales) o la necesidad de hacer un seguimiento médico del tratamiento.
Este nuevo copago, previsto en el real decreto-ley de medidas urgentes de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, aprobado en abril de 2012, todavía no ha comenzado a aplicarse en ninguna comunidad, en algunas por problemas de infraestructura y en otras por su oposición a la medida, una situación que ha reabierto la eterna brecha entre regiones.
Por un lado, están las que alegan problemas de infraestructura, ya que sus sistemas informáticos no están preparados para realizar el cobro y, por otro, las que se oponen frontalmente a la medida, algunas de las cuales han anunciado ya la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.
Así, Castilla y León (PP) ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid con la intención de que se anule o revoque la medida, una iniciativa a la que se ha unido el País Vasco (PNV) que ya ha presentado un requerimiento a la Administración del Estado como paso previo al recurso al considerar que la medida «penaliza» de forma «arbitraria» a enfermos crónicos graves.
Andalucía (PSOE-IU) y Canarias (CC-PSOE) también ha anunciado su intención de recurrir la medida, mientras que Extremadura (PP) está «analizando fórmulas para no tener que aplicarlo».
Cataluña (CiU) también ha mostrado su disconformidad con la medida y considera que apenas supondrá un ahorro de medio millón de euros mientras que Baleares (PP) rehúsa ponerla en marcha en tanto «no haya unas directrices claras, concretas y obligatorias».
Asturias (PSOE) también ha avanzado que no aplicará la medida que tampoco gusta a Navarra (UPN), aunque esta comunidad «buscará alternativas para paliar sus efectos» si entra en vigor.
La posición de Murcia (PP) es menos radical y ha mostrado su intención de ponerla en marcha «una vez que lo hagan el resto de autonomías y se organice el sistema de cobro», la misma postura adoptada por La Rioja (PP), Comunidad Valenciana (PP), Castilla-La Mancha (PP), Cantabria (PP), Galicia (PP) y Madrid (PP).
El secretario general del PP de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, ha sido preguntado por esta medida y ha planteado que el Gobierno regional lo está estudiando.
Sólo Aragón (PP) ha anunciado que está ultimando el sistema de cobro en las farmacias de los hospitales para implantar el copago en la última semana de este mes, lo que, si no cambian las cosas, la convertirá en la primera comunidad en aplicar esta medida que, hasta la fecha, sólo está vigente en las ciudades autónomas Ceuta y Melilla.
El Ministerio de Sanidad no dispone de datos sobre el número de pacientes a los que puede afectar la medida, ni tampoco han realizado estimaciones sobre el ahorro que puede generar, según aseguró a Efe Agustín Rivero, director general de Farmacia, cuando entró la medida en vigor.
Según Rivera, la palabra adecuada no era «ahorro» sino «equidad» ya que «si el hipertenso o el diabético paga parte de la receta en su farmacia, también se deben pagar los medicamentos que se dispensan en las farmacias de los hospitales».