El Ministerio del Interior ha dado la razón a siete de los 10 recursos de alzada interpuestos contra la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha por la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos, tras multar a varias personas por manifestarse en Talavera de la Reina.
En declaraciones a los periodistas, la secretaria de Organización de IU en Talavera y miembro de este colectivo, Sonsoles Arnau, ha explicado que en marzo del año pasado la Plataforma interpuso varios recursos de alzada al Ministerio del Interior.
El motivo fue la sanción por parte de la Delegación del Gobierno a varias personas, con multas de entre 300 y 600 euros, por ejercer su «derecho de manifestación y reunión» en Talavera, ha señalado Arnau.
Según la secretaria de Organización de IU, se agotaba el plazo de respuesta por parte del Ministerio y, al no haberla recibido, se recurrió a la vía judicial, con la demanda interpuesta en el juzgado de lo contencioso-administrativo de Toledo el pasado 5 de diciembre.
«En el momento en el que ha comenzado a tramitarse esta demanda, se han empezado a recibir contestaciones a los recursos de alzada interpuestos en marzo de 2013», ha asegurado Arnau, por lo que creen que esas sanciones «no tenían fundamento jurídico».
Por su parte, el abogado y vicecoordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo, ha tachado de «mezquino» que se reprima la protesta social pacífica en defensa de la educación y que el poder se ejerza para criminalizar y sancionar a los ciudadanos.
Ha asegurado que es «sospechoso» que de los diez recursos presentados haya tres sin resolver que coinciden con personas conocidas en la ciudad, en concreto, un miembro de la asamblea de docentes de Talavera, el portavoz del sindicato de estudiantes y la propia Sonsoles Arnau.
En su opinión, la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha pretende que sea más costoso iniciar un procedimiento judicial que pagar la multa, con el objetivo de disuadir a los participantes en concentraciones y manifestaciones.
Por todo ello, desde la Plataforma se ha iniciado una campaña contra la criminalización de la protesta social por entender que estas sanciones responden a «una estrategia política del PP para reprimir y amedrentar a la ciudadanía» por sus protestas contra los recortes del Gobierno regional.