La Policía Nacional ha comenzado el desalojo de siete viviendas de protección pública, propiedad de la Junta de Comunidades, que habían sido ocupadas de forma ilegal por varias familias en el número 130 de la calle Francisco Suay, en el barrio de Villarromán de Cuenca capital.
Tres coches de la Policía Nacional se encuentran en la puerta del edificio, donde permanece un grupo de unas 30 personas, la mayoría de etnia gitana, a quienes los agentes impiden la entrada a las viviendas, sin que hasta las seis de la tarde se hayan producido incidentes.
Según han precisado a Efe fuentes de la consejería de Fomento, se trata de unas viviendas propiedad de la empresa pública ‘Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha’ (Gicaman) que han sido ocupadas este fin de semana por personas a las que no les corresponde.
Las viviendas han sido recientemente adjudicadas por la Junta conforme al Registro de Demandantes de Vivienda que tiene el gobierno regional.
Tanto el delegado de la Junta en Cuenca, Rogelio Pardo, como el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, han rechazado la ocupación sin autorizar de estas viviendas y han recordado que las «normas están para cumplirlas».
Así lo ha dicho Labrador preguntado por este asunto antes de comenzar una jornada sobre la Reforma Local, y ha añadido que «buscar atajos aunque haya situaciones de necesidad, estas situaciones de necesidad están previstas y tienen soluciones en la vía administrativa: hay que seguir esa vía y no tratar de buscar atajos que no llevan a ninguna solución».
Pardo, por su parte, ha recordado que estas personas han ocupado siete viviendas «y el método que han tenido para entrar ha sido la fuerza».
Ha criticado que «sin contar con nadie» hayan hecho una utilización personal de un bien público y que hayan «incumplido todos los criterios de legalidad».
Pardo ha subrayado que «la legislación de la Junta de Comunidades permite dar prioridad a personas con dificultades a la hora de tener mayores derechos porque tiene en cuenta situaciones personales y familiares».
Por eso ha instado a las personas que han ocupado estas siete viviendas a «cumplir la legalidad, solicitarlo, cumplimentar el impreso y hacerlo correctamente; lo que nadie puede hacer en un estado de derecho es aplicar a su criterio la ley y hacerlo con un carácter de fuerza».